Ayer México Evalúa publicó el informe ‘Radiografía de la impunidad, 2024: hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México’, en el que evidencia a Jalisco como líder nacional en impunidad.

En el documento México Evalúa aborda el Índice de Impunidad Penal Institucional, generado por la organización y cuyo fin es “dar seguimiento a los resultados de los sistemas de justicia penal estatales (fuero común) a partir de las diferentes salidas que ofrece el Código Nacional de Procedimiento Penales en función de si resuelven o no de manera efectiva los casos que ingresan”.

El indicador, explica el informe, “se construye a partir de la identificación y clasificación de las distintas salidas procesales que puede tener un caso penal, frente al porcentaje de casos que no se resolvieron de manera efectiva en un año determinado, respecto al total de casos que el sistema debía resolver en ese mismo periodo. De forma complementaria, el porcentaje restante corresponde a la efectividad del sistema”.

Lo anterior significa que en Jalisco el 97.81 por ciento de los delitos por los que se abre una carpeta de investigación se queda en la impunidad. Con ese porcentaje Jalisco se ubicó como líder nacional, de acuerdo con las mediciones de México Evalúa.

Visto de otra manera, sólo dos de cada 100 carpetas de investigación derivan en acceso a la justicia y reparación del daño en el estado.

A nivel nacional el indicador fue el 89.42 por ciento de impunidad. Después de Jalisco, Morelos, Guerrero, México y Ciudad de México tuvieron los mayores índices superando el 96 por ciento.

En el caso de Jalisco, México Evalúa nota varios problemas. En primer lugar, el estado acumula un rezago histórico que hasta 2023 representaba 470 mil 366 carpetas de investigación, cifra a la que se le suman los casos iniciados en 2024, 122 mil 202, y los archivados temporalmente, que eran 69 mil 920.

A la par la organización destacó que Jalisco tiene un índice de solución de casos por métodos alternos superior a la media nacional, lo que es positivo y alcanzó 13 mil 63 resoluciones; sin embargo “el rezago de años pasados y el alto volumen de entradas anuales –que también se van acumulando en impunidad– hace que los resultados positivos tengan muy poco impacto”.

ESTRATEGIA: MANDAR AL ARCHIVO

Para atender el rezago histórico de casos penales, el estilo de Jalisco es apostarle al archivo de casos, según México Evalúa. En este apartado también fue líder durante 2024.

Según los datos recabados por la organización, el 75.95 por ciento de los casos de 2024 terminó en el archivo, el porcentaje más alto en el país. Esta situación es síntoma de saturación en las instituciones y la consecuencia es que Jalisco lidere en impunidad.

“Hay una fuerte tendencia a suspender investigaciones sin una resolución de fondo, lo que sugiere una saturación estructural de la fiscalía y limitadas capacidades de investigación. En este escenario, el archivo se convierte en un mecanismo de gestión del rezago más que en una decisión estratégica basada en criterios de calidad. Todo ello, desgraciadamente, contribuye a la impunidad estatal”.

Positivo, pero…

México Evalúa destacó que en 2024 Jalisco tuvo un índice de solución de casos por métodos alternos superior a la media nacional. De hecho, alcanzó 13 mil 63 resoluciones; no obstante, el rezago de años pasados y el alto volumen de entradas anuales “hace que los resultados positivos tengan muy poco impacto”.

Hace recomendaciones para reducir el problema

En el mismo informe la organización México Evalúa propuso una serie de medidas para reducir la impunidad en el país, centradas en mejorar el acceso a la justicia, la atención a víctimas y la eficacia institucional.

Entre las recomendaciones destaca facilitar la denuncia mediante procesos más simples, menos trámites y la ampliación de canales presenciales, telefónicos y digitales con validez jurídica. También plantea que los reportes policiales puedan convertirse en denuncias formales, así como fortalecer la coordinación entre policías y fiscalías.

El organismo también apuesta por reducir la revictimización institucional con trato digno, información clara y servicios complementarios como apoyo psicológico, así como por impulsar campañas de cultura jurídica para aumentar la confianza ciudadana.

En materia operativa, sugiere fortalecer la investigación criminal, priorizar la judicialización de casos viables y transformar la gestión de fiscalías hacia resultados, eliminando prácticas centradas solo en integrar expedientes.

Finalmente, recomienda ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, mejorar la medición del desempeño institucional y transparentar los procesos con el fin de identificar fallas y reducir los niveles de impunidad. Redacción 

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