El análisis del aumento a la tarifa del transporte público entró a una fase legal en el Congreso de Jalisco, donde durante la segunda mesa ciudadana sobre transporte público se dieron respuestas a parte del pliego petitorio de la Asamblea Popular contra el Tarifazo, se expusieron los alcances del Poder Legislativo y se trazaron posibles reformas que van desde la tarifa hasta el modelo de operación del sistema.
La mesa se realizó este jueves en el recinto legislativo y se centró en el análisis jurídico y legislativo de las denuncias relacionadas con el sistema de transporte público. En ella participaron asesores legales de las diputadas Mariana Casillas Guerrero, Tonantzin Cárdenas Méndez, Itzul Barrera Rodríguez y Candelaria Ochoa Ávalos, quienes explicaron las facultades del Congreso para intervenir en este tema.
Durante la sesión también se presentó una cronología del proceso de alza tarifaria, que parte de la sesión del Comité Tarifario del 26 de diciembre de 2025, con el objetivo de contextualizar las decisiones que detonaron la inconformidad ciudadana y las vías legales disponibles para su revisión.
Asimismo, como parte de las respuestas al pliego petitorio entregado por la Asamblea Popular contra el Tarifazo, se dio a conocer un posicionamiento formal de la diputada Tonantzin Cárdenas en el que se detallaron diversas líneas de acción legislativa.
Entre los puntos más relevantes se encuentra la propuesta para reestructurar el Comité Tarifario a fin de incorporar a usuarios del transporte, colectivos de personas con discapacidad y universidades, y, a la par, excluir a actores empresariales. También se trabaja en el diseño de una tarifa social reducida mediante una fórmula de ajuste socioeconómico que contemple variables como inflación, niveles de pobreza y gasto promedio en transporte.
En cuanto al modelo de operación, se analiza una iniciativa para transitar de un esquema de concesiones a uno de gestión pública directa con el objetivo de garantizar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores del sector.
Otro de los anuncios fue el inicio de una auditoría administrativa al sistema de recaudo, relacionada con la adjudicación de la Tarjeta Única a la empresa Broxel, bajo el expediente 35/E-030/2026.
Además, se planteó el compromiso de etiquetar recursos específicos para el transporte público en la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 como parte de una estrategia para fortalecer el sistema desde el ámbito financiero.
Se prevé que este viernes se presenten las conclusiones del ejercicio, así como la ruta definitiva que seguirá este proceso de diálogo entre ciudadanía y autoridades.
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