La titular de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Paola Bauche Petersen, y el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Iker Frangie Martínez Gallardo, comparecieron ayer ante la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso local y el ejercicio se centró en la crisis de residuos, contaminación industrial y operación de vertederos.
Desde la Proepa se reportó un aumento en su actividad, con 655 inspecciones y 466 sanciones en 2025; un incremento en clausuras al pasar de 19 en 2023 a 160 en 2025, y la atención total de 326 denuncias ciudadanas. También se presumió un mayor presupuesto para 2026.
Uno de los puntos centrales fue el acuerdo reparatorio firmado en junio de 2025 con la empresa Caabsa Eagle, responsable de los vertederos cerrados Los Laureles y Matatlán. Dicho convenio, respaldado por una fianza de 340 millones de pesos, obliga a la empresa a remediar ambos sitios en un plazo de 24 meses con recursos propios. En el caso de Los Laureles, las autoridades reportaron un avance del 50 por ciento, con obras de estabilización, instalación de luminarias y un sistema fotovoltaico para el manejo de lixiviados.
Sin embargo, el panorama en Matatlán contrasta. Vecinos denunciaron falta de avances visibles, opacidad en la información y condiciones de inseguridad para quienes se oponen a la operación del sitio.
La autoridad reconoció retrasos en el calendario de obra y atribuyó la falta de información a restricciones legales vinculadas a un proceso penal, aunque se comprometió a realizar inspecciones conjuntas con ciudadanía y legisladores.
Durante el encuentro también se expusieron conflictos en otros puntos del estado. Por ejemplo, se denunció que en Tlajomulco el centro de transferencia La Cajilota funciona en la práctica como tiradero, lo que genera afectaciones a la salud de los habitantes cercanos.
En respuesta, las autoridades plantearon como estrategia la creación de sistemas intermunicipales de manejo de residuos, aunque reconocieron la falta de recursos específicos para su implementación.
En el intercambio, también se evidenciaron debilidades normativas. El procurador señaló que las recomendaciones ambientales carecen de carácter vinculante para los Municipios, lo que limita su efectividad. Como ejemplo, mencionó casos donde autoridades locales han ignorado los señalamientos sin consecuencias legales, por lo que propuso reformar la ley para obligar a los alcaldes a responder.
Finalmente, se abordó la necesidad de reducir la generación de residuos desde el origen. La titular de Semadet reconoció dificultades técnicas en la aplicación de la norma sobre plásticos de un solo uso, mientras que participantes insistieron en retomar políticas de separación de basura y en atender los impactos a la salud pública, como la presencia de contaminantes en la población.
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