En lugar de buscar culpables, el Grupo Parlamentario de Hagamos llamó a construir una ruta de actuación conjunta frente al conflicto que se mantenía en Bolaños, tras la aprobación del decreto que reconoce los derechos electorales de la comunidad Wixárika.

Hagamos fijó su posicionamiento, subrayaron que la aprobación del decreto no representa la creación de un nuevo derecho, sino el cumplimiento de una sentencia judicial vinculante, derivada de un proceso legal que inició en septiembre de 2020.

Proceso impulsado por la comunidad wixárika y transitó por diversas instancias, entre ellas la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual en enero de 2026 ordenó al Congreso emitir el decreto antes del inicio del proceso electoral 2026-2027.

El decreto fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local e incorpora garantías para la población mestiza, así como mecanismos de diálogo orientados a construir un proceso electoral incluyente en el municipio.

No obstante, el grupo parlamentario señaló que aún está pendiente la resolución de un Juicio de Derechos Ciudadanos promovido por un grupo inconforme, por lo que el escenario jurídico no está completamente concluido.

En este contexto, Hagamos enfatizó que las sentencias del Tribunal Electoral son de carácter obligatorio para todas las autoridades, incluido el Poder Ejecutivo estatal, por lo que consideraron que más que generar confrontaciones entre poderes, se debe privilegiar la colaboración institucional.

Asimismo, hicieron referencia a la postura del gobernador Pablo Lemus, al señalar que los propios estatutos de Movimiento Ciudadano, partido que lo postuló, contemplan la promoción de la participación política de los pueblos originarios, respetando sus particularidades culturales.

Por ello, llaman a transitar este proceso con diálogo, respeto mutuo y disposición para construir acuerdos, al tiempo que exhortó a los Poderes e instituciones del Estado a asumir una corresponsabilidad que garantice la convivencia pacífica y el bienestar de todas y todos.

CES