El Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco solicitó formalmente integrarse a los comités que evaluarán a los aspirantes a jueces, juezas, magistradas y magistrados como parte de la reforma judicial, al tiempo que presentó un pliego de ocho propuestas que incluye filtros de idoneidad profesional, mecanismos de transparencia, mayores recursos para el Poder Judicial y medidas para impedir la injerencia de partidos políticos y grupos de poder en las designaciones.
Durante una rueda de prensa, representantes del organismo informaron que entregaron un pliego de ocho propuestas al Gobierno de Jalisco, al Congreso del Estado y al Poder Judicial en el que plantean medidas para garantizar transparencia, profesionalización e independencia en los procesos de selección de los futuros integrantes del Poder Judicial.
Señalaron que uno de los principales objetivos es asegurar que quienes accedan a cargos jurisdiccionales cuenten con preparación profesional, experiencia, honestidad y autonomía, a fin de evitar la intervención de partidos políticos, grupos de interés o factores externos que puedan influir en la impartición de justicia.
Asimismo, se sostuvo que los colegios de abogados deben participar en los mecanismos de evaluación debido a que conocen la trayectoria y desempeño profesional de quienes aspiran a convertirse en juzgadores.
Agustín Flores Balderrama, integrante del consejo, afirmó que la función judicial requiere perfiles altamente especializados y con sensibilidad social al tratarse de una labor técnica cuya finalidad es garantizar la paz social mediante una adecuada impartición de justicia.
Por otro lado, él y los demás integrantes del consejo manifestaron preocupación por la carga de trabajo que enfrentan actualmente los órganos jurisdiccionales del estado. Indicaron que existen juzgados con miles de expedientes en trámite, situación que genera retrasos en acuerdos, audiencias y sentencias.
En ese sentido, propusieron incrementar el presupuesto destinado al Poder Judicial hasta alcanzar el 5 por ciento del presupuesto estatal con el propósito de contratar más jueces, juezas y personal auxiliar, además de fortalecer la infraestructura judicial.
De acuerdo con los abogados, la falta de recursos y de personal especializado repercute directamente en los tiempos de resolución de asuntos en materias familiar, civil, mercantil, laboral y penal, y afecta el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita.
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