Luego de presentar un oficio ante el DIF Jalisco para pedir que se gestionara una revisión financiera, operativa y de derechos humanos en los centros de autismo, el Colectivo Nacional de Cuidadoras en Resistencia recibió como respuesta que el organismo estatal no puede promoverla debido a que estos espacios son administrados por Municipios.
Actualmente hay centros de autismo en Zapopan, Guadalajara y Tepatitlán de Morelos.
Cinthia Ramírez, representante del colectivo, evidenció este lunes la petición, la cual, explicó, nunca buscó que DIF Jalisco realizara directamente la auditoría, sino que facilitara su gestión ante las instancias competentes.
Detalló que durante una reunión inicial con autoridades del DIF estatal la propuesta fue recibida favorablemente; sin embargo, al día siguiente, en una mesa de trabajo con legisladoras locales, personal de la dependencia les informó que la estructura administrativa impedía impulsar dicho proceso de revisión.
Ante ello las organizaciones comenzaron a buscar respaldo en el Congreso del Estado para que legisladores promuevan mecanismos de rendición de cuentas, comparecencias y solicitudes formales de auditoría sobre la operación de los centros y el uso de recursos públicos destinados a la atención de personas autistas.
Ramírez señaló que la principal preocupación es la falta de información pública sobre la construcción, funcionamiento y resultados de los centros. Entre las dudas planteadas se encuentran los criterios utilizados para asignar contratos de construcción, el incremento de costos en algunos proyectos y la proporción entre la inversión realizada y el número de personas efectivamente atendidas.
Como ejemplo, mencionó que mediante solicitudes de información obtuvieron datos que indicaban que el Centro de Autismo de Zapopan atendía alrededor de 90 niñas y niños por año, mientras que más de mil 600 permanecían en lista de espera.
Explicó que en algunos municipios las personas usuarias sólo pueden acceder una vez a los servicios y, tras concluir su proceso, ya no pueden reincorporarse al programa, independientemente de sus necesidades futuras de apoyo.
Además, apuntó que existe resistencia política debido a que la política de Centros de Autismo se ha convertido en una de las principales apuestas del gobierno estatal en materia de discapacidad.
Por ello el colectivo hizo hincapié en la necesidad de una evaluación independiente que permita conocer el destino de los recursos públicos, las condiciones laborales del personal especializado, los criterios de acceso y la efectividad real de los servicios que reciben las personas autistas y sus familias.
EXIGEN LEY DE AUTISMO FUNCIONAL
Por otro lado, la Colectiva Nacional Cuidadoras en Resistencia acusó que, pese a los compromisos de revisión asumidos por las legisladoras Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez, impulsoras de la ley de autismo, continúan sin incorporarse propuestas fundamentales al dictamen relacionadas con apoyos para la vida independiente, educación y acceso a la salud.
Cinthia Ramírez explicó que en reunión con las diputadas promotoras se reconocieron inconsistencias del dictamen y se acordó que éste no volvería a someterse a votación hasta revisar las observaciones pendientes; sin embargo, sostuvo que los cambios aceptados hasta el momento son principalmente de forma y no atienden aspectos centrales como los apoyos para la vida independiente, los auxiliares académicos y las obligaciones específicas de las autoridades de salud.
La colectiva también manifestó preocupación porque el dictamen jalisciense está siendo tomado como referencia en otras entidades del país. Según explicó, legisladoras de distintos estados han mostrado interés en replicar el modelo impulsado en Jalisco pese a que las propias promotoras reconocieron durante las mesas de trabajo que el proyecto requiere ajustes importantes.
Por ello Cuidadoras en Resistencia llamó a replicar modelos de participación donde las propias personas autistas intervengan en la elaboración de leyes, como ocurre en los trabajos para la futura Ley General de Autismo a nivel nacional.
La organización sostuvo que un proceso de consulta efectivo debe incluir no sólo la recepción de observaciones, sino también la explicación de por qué las propuestas de la comunidad son aceptadas o descartadas.
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