Las organizaciones criminales en México utilizan municiones calibre .50 fabricadas originalmente para el Ejército de Estados Unidos en ataques contra civiles, policías y autoridades, reveló una investigación del diario The New York Times en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
De acuerdo con el reportaje, los cartuchos son producidos en la Planta de Municiones del Ejército de Estados Unidos en Lake City, Missouri, una instalación que opera bajo contrato gubernamental pero que también comercializa municiones en el mercado civil estadounidense para mantener su viabilidad operativa.
Estas balas de alto poder, diseñadas para perforar blindajes y destruir vehículos, fueron empleadas por los cárteles mexicanos en hechos de alto impacto, como el derribo de helicópteros y asesinatos de funcionarios públicos.
Tráfico ilegal de municiones
La investigación señala que millones de cartuchos calibre .50, vendidos legalmente en Estados Unidos, fueron desviados hacia redes criminales en México a través de intermediarios. Aunque la venta comercial es legal, el control sobre el destino final de estas municiones ha sido cuestionado ante su uso reiterado en hechos violentos.
Según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), desde 2012 incautaron más de 40 mil cartuchos calibre .50 en territorio mexicano, de los cuales aproximadamente un tercio proviene de la planta de Lake City.
Impacto en la seguridad en México
El uso de municiones calibre .50 ha permitido a los cárteles equipar rifles de alta potencia, como el Barrett, con los que han logrado igualar o incluso superar el poder de fuego de las fuerzas de seguridad mexicanas, contribuyendo al aumento de la violencia armada en el país.
El reportaje también expone una contradicción logística: mientras el Gobierno de México adquiere legalmente municiones de Lake City para sus fuerzas armadas, los grupos criminales acceden al mismo tipo de balas mediante el mercado comercial estadounidense.
Postura del Ejército de EE. UU.
Pese a las evidencias del tráfico ilícito, el Ejército de Estados Unidos ha defendido la venta comercial de estas municiones, argumentando que los contratos con operadores privados reducen los costos de producción para el gobierno en alrededor de 50 millones de dólares anuales.
No obstante, expertos en seguridad advierten sobre las consecuencias del uso de este tipo de armamento. Chris Demlein, exagente de la ATF, señaló que el impacto del calibre .50 en escenarios urbanos es devastador.
“El impacto de un calibre .50 en un tiroteo es escandaloso. Realmente inclina la balanza”, declaró Demlein al New York Times.
