La Fiscalía del Estado informó que, a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, llevo a cabo la judicialización de 116 carpetas de investigación relacionadas con agresiones por razón de género en la entidad. Los casos corresponden al periodo del 11 al 31 de enero.
Derivado de las investigaciones iniciales, 117 personas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional. Los mecanismos de conducción fueron distintos, pues se realizaron 21 detenciones por orden judicial, cuatro en flagrancia, 91 presentaciones vía citatorio y una reposición de procedimiento.
De los asuntos judicializados, 101 corresponden al delito de violencia familiar, seis a feminicidio, dos a violación, dos a abuso sexual y tres, respectivamente, a delitos contra la dignidad de las personas y lesiones.
Los procedimientos se realizaron en diversos municipios del estado. Los siguientes tuvieron uno: Amatitán, Ameca, Arandas, El Arenal, La Barca, Mezquitic, Sayula, El Grullo y Chapala, mientras que con dos casos figuraron Ocotlán, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Colotlán. Autlán de Navarro, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande registraron tres incidencias cada uno.
En Tonalá se reportaron cuatro casos, mientras que Cihuatlán y Tepatitlán de Morelos contabilizaron cinco cada uno. La Fiscalía de Jalisco destacó que Guadalajara concentró 26 asuntos, seguida de Tlajomulco de Zúñiga con 18; Zapopan, con 12; Puerto Vallarta, con 11, y San Pedro Tlaquepaque, con 10.
Asimismo, como resultado de los datos de prueba presentados, las 117 personas fueron vinculadas a proceso y se dictaron diversas medidas cautelares. En 18 casos se impuso prisión preventiva, mientras que 44 imputados enfrentan medidas cautelares distintas, como restricciones de acercamiento a las víctimas, firma periódica ante la autoridad y vigilancia institucional. En dos casos no se decretaron medidas cautelares.
Además, en 53 asuntos se autorizó la suspensión condicional del proceso, mecanismo que contempla la reparación del daño y el cumplimiento de condiciones específicas, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
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