Entre señalamientos de ambigüedad legal y el reclamo de colectivos de búsqueda, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen que busca sancionar a servidores públicos que retiren o destruyan fichas de personas desaparecidas; sin embargo, la redacción provocó un debate sobre posibles restricciones al derecho de las familias a difundirlas libremente. La propuesta pasará al pleno del Congreso, aunque legisladores anticiparon que será modificada tras las críticas de colectivos de familiares.

El dictamen establece que impedir la colocación de fichas o retirarlas sin causa legal será considerado abuso de autoridad cuando la conducta sea realizada por servidores públicos. Para ello, se reformó el artículo 146 del Código Penal del Estado de Jalisco, descartando la creación de un nuevo delito independiente y enfocando la sanción exclusivamente en funcionarios, con el fin de no criminalizar a ciudadanos comunes.

Además, se proponen cambios a los artículos 4 y 74 de la Ley de Personas Desaparecidas para reconocer oficialmente la “Cédula o Ficha de Búsqueda” como un documento que contiene datos esenciales para la localización de personas, así como obligar a los municipios a publicarlas en medios digitales y facilitar su colocación impresa en espacios públicos.

Durante la discusión, el diputado Alejandro Puerto adelantó que presentará modificaciones en segunda lectura, al considerar que la redacción actual se aparta del espíritu original de la iniciativa. 

Señaló que el dictamen introduce términos como “lugares prohibidos” y “permisos”, lo que podría entorpecer la búsqueda. Propuso que se reconozcan también como fichas válidas las elaboradas por colectivos y no solo las emitidas por autoridades.

Por su parte, la diputada Norma López Ramírez defendió la precisión técnica del dictamen y explicó que el concepto de “lugares públicos no prohibidos” busca delimitar jurídicamente los espacios donde puede configurarse una conducta sancionable. 

Aclaró que no se pretende impedir la colocación de fichas en plazas, parques o postes, sino respetar reglamentos internos de edificios como el Congreso, tribunales o presidencias municipales.

En contraparte, Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, advirtió que el uso de términos como “permitidos o no permitidos” podría convertirse en una barrera para la difusión de las cédulas.

Sostuvo que la colocación de fichas es una acción de búsqueda en vida y forma parte del derecho internacional de las víctimas a ser buscadas, por lo que cualquier ambigüedad legal podría justificar su retiro incluso en edificios gubernamentales, los cuales, dijo, deberían visibilizar los rostros de las personas desaparecidas.

El dictamen será discutido y votado en el pleno del Congreso.

CES