Los fraccionamientos incompletos y sin servicios podrían quedar en el pasado en Jalisco. Una reforma al Código Urbano aprobada en comisión endurece las reglas para que los municipios solo reciban desarrollos totalmente terminados y con servicios públicos en operación.

La iniciativa impulsada por el diputado Julio Hurtado y aprobada en la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, como una medida para frenar la construcción de desarrollos irregulares que terminan convertidos en espacios abandonados o con infraestructura deficiente.

Entre los principales cambios se establece que las autoridades municipales no podrán otorgar permisos o licencias si los urbanizadores no demuestran contar con la capacidad financiera y técnica para garantizar los servicios públicos.

Además, se amplía de dos a cinco años la fianza que deben presentar los desarrolladores para responder por vicios ocultos en la infraestructura, y se prevén sanciones administrativas para los servidores públicos que reciban obras sin verificar que estén concluidas y en operación plena.

Asimismo, el proceso de entrega-recepción de fraccionamientos obliga a los ayuntamientos a suministrar los servicios públicos, pero también los responsabiliza si aceptan desarrollos que no cumplen con las condiciones necesarias. 

Otro cambio relevante es que la garantía de 20 por ciento del valor de las obras deberá constituirse desde el momento en que se expida la licencia, eliminando plazos posteriores que permitían retrasos o incumplimientos.

La comisión dictaminadora consideró que la reforma es socialmente positiva, ya que reduce el riesgo de marginación urbana y protege la salud y la calidad de vida de los habitantes.

En el ámbito económico, se determinó que no generará gastos adicionales al erario, pues las obligaciones recaen en los urbanizadores privados y, a largo plazo, permitirá a los municipios evitar costos por mantenimiento correctivo de infraestructura deficiente.

Con su aprobación en comisión, el dictamen continuará su ruta legislativa para ser discutido y, en su caso, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado.

CES-jl/I