Ante lo que califican como un “vacío legal” que afecta directamente derechos fundamentales, Rubén Alonso, integrante de Compromiso Jalisco por el Derecho a la Información, presentó ante el Poder Judicial de la Federación un amparo por omisión legislativa contra el Congreso del Estado, por no cumplir con la armonización de leyes en materia de transparencia y protección de datos personales.

Alonso explicó que el propio Congreso se impuso un plazo de 90 días tras la reforma constitucional publicada el 16 de octubre de 2025, mismo que venció a mediados de marzo sin resultados concretos. 

“Hoy estamos en un limbo jurídico”, advirtió, al señalar que la legislación vigente quedó desfasada frente al nuevo modelo constitucional, mientras que las nuevas autoridades garantes carecen de herramientas legales para operar. Esto, dijo, deja en incertidumbre a la ciudadanía que busca ejercer su derecho a la información o proteger sus datos personales.

El promovente alertó que esta omisión ya tiene efectos visibles: solicitudes de información sin respuesta clara, portales de transparencia desactualizados y falta de mecanismos para impugnar la negativa de datos. Recordó que los ayuntamientos concentran cerca del 80 por ciento de los recursos por incumplimiento, lo que agrava el problema a nivel municipal.

Además, subrayó que la desaparición del ITEI dejó un vacío operativo, ya que la ley actual aún lo contempla, mientras que instancias como la Contraloría del Estado, que ahora asumiría funciones clave, no cuentan con el marco jurídico necesario para actuar.

Aunque reconoció avances en la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia del Congreso, donde desde diciembre de 2025 se elaboró un dictamen que fue aprobado en febrero, criticó que el proceso legislativo se encuentre “atorado” por falta de acuerdos entre las fuerzas políticas.

Alonso detalló que la armonización pendiente no solo abarca la ley de transparencia, sino también diversas normativas como las leyes orgánicas de los poderes del estado, el marco del Instituto Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de reglamentos municipales en los 125 ayuntamientos.

El amparo, explicó, busca que el Poder Judicial de la Federación intervenga para ordenar al Congreso cumplir con su obligación constitucional. En el proceso, diversas autoridades serán llamadas como terceros interesados para fijar su postura.

Finalmente, enfatizó que, aunque no hay sanciones directas por este incumplimiento, la vía judicial representa un mecanismo para presionar y restablecer condiciones que garanticen plenamente los derechos de acceso a la información y protección de datos en Jalisco.

CES