La semana pasada, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó su informe final sobre el análisis que hizo de las desapariciones en México, encontrando que estas sí son generalizadas y sistemáticas, por lo que pidió elevar el caso a la Asamblea General de la ONU para que el organismo internacional dé apoyo a México en la atención de la crisis.

El informe fue rechazado por el Gobierno de México que alegó que no existe una política de Estado para desaparecer personas, por lo que consideraron que las desapariciones forzadas no son generalizadas ni sistemáticas, y que las ausencias se atribuyen, principalmente, a la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada.

En este mismo argumentó, rechazó que estos grupos actúen con la aquiescencia del Estado, es decir, que se toleren estas desapariciones por parte de las autoridades. Sin embargo, el CED de la ONU contraargumentó alegando que los informes que recibió de organizaciones civiles muestran que las desapariciones forzadas continúan y que las cometidas por particulares (como los grupos de la delincuencia organizada) muchas veces se dan con la tolerancia, es decir, aquiescencia, del Estado. Un ejemplo de esto es el Rancho Izaguirre, pues se permitió que el sitio operara como centro de reclutamiento criminal por muchos años, una vez se encontró no se realizaron las diligencias correctamente y, a la fecha, el caso sigue impune.

El CED menciona que la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) informó que "el profundo fracaso de las autoridades locales en la investigación de [lo ocurrido en el Rancho Izaguirre] - demostrado por el hecho de que se permitió la existencia del rancho sin investigar durante años y que, incluso una vez que el rancho fue incautado por las autoridades locales, la investigación no logró identificar las fosas clandestinas ni a los perpetradores hasta que las colectividades de víctimas sacaron a la luz estos temas, así como la detención de dos ex policías - sugiere que el cártel CJNG probablemente actuó con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de al menos algunas autoridades estatales. La participación de expolicías en el reclutamiento por parte del CJNG en el rancho sugiere además el posible apoyo o aquiescencia de ciertas autoridades estatales".

El CED añade que otros informes que recibió apuntan a que en Jalisco y Nayarit las desapariciones forzadas, es decir, en los que elementos del Estado participan activamente, continúan en fechas recientes, por lo que puso el foco en la entidad jalisciense.

Sí hay desapariciones forzadas, también impunidad

Los propios datos que el gobierno de Jalisco envió al CED de la ONU evidencian que sí existe la desaparición forzada en el estado. La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas adjuntó un informe en el que muestra que recibió 165 denuncias con indicios de participación de elementos del Estado en la desaparición de personas en el periodo de 2018 a agosto de 2025.
De estas denuncias, sólo 43 personas han sido localizadas y el resto, 122, siguen desaparecidas. Adicionalmente, precisa que 5 mil 60 denuncias recibidas tienen indicios de desaparición cometida por particulares en el mismo periodo. 3 mil 161 personas siguen desaparecidas, es decir, la mayoría.
Las 165 denuncias por desaparición forzada han derivado en 58 carpetas judicializadas y apenas 2 sentencias condenatorias. También se han emitido 377 órdenes de aprehensión en contra de servidores o ex servidores públicos señalados por desaparición, pero apenas 131 han sido cumplimentadas.

En cuanto a las desapariciones cometidas por particulares, las 5 mil 60 denuncias han derivado en 374 carpetas judicializadas y sólo siete sentencias condenatorias. Por lo tanto, por los 5 mil 225 casos con indicios de ser desapariciones forzadas o cometidas por particulares, suman nueve sentencias condenatorias.

GR