La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación en la que documentó que el uso excesivo de la fuerza de elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara (CSCG) culminó en el homicidio de una persona.

El 4 de enero de 2025, aproximadamente a las 14 horas, policías adscritos a la comisaría realizaron un operativo en la colonia Nueva Santa María, en el contexto de un reporte de robo a negocio. Durante la intervención, uno de los elementos disparó en contra del agraviado, quien perdió la vida a consecuencia de una herida penetrante en el tórax.

Las investigaciones acreditaron que la intervención policial tuvo un origen legítimo, derivado de un reporte en tiempo real sobre la presunta comisión de un delito y la posterior persecución de los presuntos responsables, lo cual actualizaba un supuesto de flagrancia conforme al marco constitucional y legal. No obstante, la comisión determinó que el uso de la fuerza no cumplió con los principios de necesidad absoluta, proporcionalidad y excepcionalidad que rigen la actuación de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con el análisis integral de las pruebas –incluyendo videograbaciones, dictámenes periciales y documentales públicas– no se acreditó de manera objetiva que, al momento del disparo, existiera una agresión real, actual e inminente con capacidad letal que justificara el uso del arma de fuego como último recurso, mencionó la CEDHJ.

EN TONALÁ UN NIÑO MURIÓ

La CEDHJ emitió otra recomendación dirigida al gobierno de Tonalá derivada de la omisión institucional en la atención de árboles riesgosos en una plaza pública, cuya caída provocó la muerte de un niño.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2023 en la plaza principal de San Gaspar de las Flores, Tonalá. Durante una lluvia, un árbol de gran tamaño colapsó sobre la víctima menor de edad, quien falleció de manera inmediata en el lugar. La investigación confirmó que la autoridad municipal tenía conocimiento previo del estado de riesgo del arbolado a través de múltiples solicitudes de intervención que no fueron atendidas con la diligencia debida.

La defensoría acreditó que existían solicitudes formales de dictaminación y poda para los árboles de la plaza mencionada desde febrero de 2022 y julio de 2023, en las cuales se señaló expresamente el riesgo por su inclinación e interferencia con cables de alta tensión. No obstante, el servidor público involucrado al frente de la Dirección de Ecología y Cambio Climático emitió los dictámenes de respuesta de manera tardía, específicamente cinco y 15 días después de que ocurriera el accidente mortal.

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