Por momentos, la vida pública mexicana deja de parecerse a un espacio de deliberación y comienza a adquirir los rasgos de una liturgia. No hay matices, no hay grises: hay fieles y herejes. La reciente aseveración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al sentenciar que “la derecha es el odio, la derecha es la discriminación, el clasismo, el racismo y la represión”, no debe leerse como un simple exabrupto en el fragor de la plaza pública. Es, más bien, la formalización de una pedagogía maniquea que ha caracterizado a la cuarta transformación: la construcción de un sistema político basado no en la gestión de lo público, sino en la proscripción moral del adversario.
La estabilidad de ciertos regímenes no reside solo en la coerción, sino en la participación cotidiana en una mentira compartida o en una diatriba simplificadora. Al reducir la pluralidad ideológica a una dicotomía de vicios y virtudes, el Ejecutivo no solo polariza; vacía el contenido de la democracia liberal para sustituirlo por una suerte de teología política secular. En este esquema, el opositor deja de ser un competidor con propuestas para convertirse en un enemigo ontológico al que no se le debate, se le estigmatiza.
El maniqueísmo teológico presidencial –que asume a la 4T como depositaria exclusiva de la autoridad moral– genera una distorsión institucional profunda. El Estado de derecho implica que el gobierno está limitado por normas fijas; sin embargo, cuando quien ostenta la banda presidencial actúa primordialmente como líder de una facción, la norma se subordina al discurso. Así, Sheinbaum se aleja de la investidura representativa de la totalidad de la nación para situarse en la lógica del “cesarismo populista”, donde el líder encarna la voluntad del “pueblo” y cualquier disidencia es una traición a los valores más elementales.
Esta estrategia cumple una función de blindaje retórico eficaz pero peligroso. Bajo el manto de conceptos tan sensibles como el racismo y el clasismo, se cancela cualquier crítica técnica. Si se cuestiona la eficacia de una política pública o la transparencia de un organismo, la respuesta no es el dato, sino el adjetivo. El crítico es enviado de inmediato al rincón del “odio”. Esta simplificación insulta la complejidad de una sociedad mexicana que es mucho más que un bloque binario.
Pero la eficacia no equivale a inocuidad. Cuando la política se convierte en teología, el desacuerdo se vuelve pecado. Y en un sistema donde el pecado sustituye al error, ya no hay espacio para la corrección, sino para la purga. El resultado no es una democracia más intensa, sino una más frágil: menos capaz de procesar conflictos, más propensa a radicalizarlos.
Gobernar a través de la estigmatización permanente tiene un costo social que la historia suele cobrar con creces. El racismo y el clasismo son problemas estructurales que requieren una cirugía institucional profunda, no ser utilizados como armas arrojadizas para la consolidación de una hegemonía cultural. Mientras el discurso oficial siga insistiendo en que solo un lado del espectro posee la virtud, el Estado de derecho seguirá siendo una soberanía de papel, y la democracia, un espacio que se vacía poco a poco por la nostalgia autoritaria de quienes creen que la verdad política es propiedad privada de un solo movimiento.
NH
