El especialista en seguridad Fernando Jiménez Sánchez advirtió que la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos representa un cambio profundo en la política antidrogas estadounidense y podría modificar de manera significativa la relación bilateral con México.
El analista explicó que la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump adopta una lógica de combate antiterrorista contra los cárteles mexicanos, al considerar a estas organizaciones como amenazas a la seguridad nacional estadounidense y no únicamente como estructuras delictivas.
Jiménez Sánchez señaló que esta nueva visión otorga mayores capacidades extraterritoriales al gobierno de Estados Unidos, incluyendo el uso intensivo de inteligencia, cooperación militar y posibles operaciones fuera de su territorio para combatir organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.
Añadió que el nuevo enfoque ya no se limita a perseguir directamente a traficantes de drogas, sino también a personas, empresas o actores que faciliten o se beneficien indirectamente de las actividades criminales, lo que amplía el rango de posibles objetivos de investigación y sanción.
El especialista indicó que uno de los cambios más delicados es la posibilidad de utilizar fuerza letal y realizar acciones operativas fuera de territorio estadounidense, en regiones donde las autoridades locales no tengan capacidad de actuar contra grupos criminales.
En ese sentido, advirtió que México enfrenta riesgos importantes para su soberanía nacional si las autoridades estadounidenses consideran insuficiente la cooperación mexicana en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Fernando Jiménez consideró que esta estrategia se asemeja a los modelos de seguridad antiterrorista implementados por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, dejando atrás enfoques centrados en salud pública y prevención para privilegiar la criminalización y el uso de la fuerza.
El especialista sostuvo que México es un punto clave en las rutas internacionales del narcotráfico y un centro logístico de organizaciones criminales, por lo que prevé una presión creciente de Estados Unidos para que el gobierno mexicano fortalezca la cooperación bilateral y mejore sus capacidades de seguridad.
Entre las medidas que consideró necesarias, mencionó la creación de equipos conjuntos de investigación, una mayor presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano, colaboración operativa más amplia y procesos de investigación internos contra empresarios, políticos y otros actores presuntamente vinculados con estructuras criminales.
Finalmente, Fernando Jiménez afirmó que una intervención directa de Estados Unidos en territorio mexicano no puede descartarse completamente si el gobierno mexicano adopta una postura de confrontación o falta de cooperación, aunque aclaró que el principal objetivo de Washington sería presionar políticamente a México para modificar sus estrategias de seguridad y colaboración bilateral.
GR
