Integrantes de la colectiva Cuidadoras en Resistencia pidieron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Mesa Directiva del Congreso local no votar la iniciativa referente a autismo, impulsada por las diputadas emecistas Gabriela Cárdenas Rodríguez y Mónica Magaña Mendoza, al advertir que concentra facultades y presupuesto en el DIF estatal, mantiene un enfoque asistencialista y excluye necesidades de personas autistas adultas. Tras la solicitud, Movimiento Ciudadano (MC) confirmó que el dictamen fue retirado de la orden del día de la sesión ordinaria de pleno de este jueves.
Al terminar la reunión de la Jucopo, las representantes de la colectiva solicitaron al coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, intervenir para evitar que el dictamen fuera sometido a votación. De acuerdo con el colectivo, el legislador se comprometió a dialogar el tema con la Mesa Directiva.
Horas después, a través del área de comunicación social de MC, se informó que el dictamen sería retirado del orden del día para abrir una mesa de trabajo con colectivos y especialistas bajo el argumento de que no existe prisa para aprobar la legislación y que el objetivo es fortalecer los derechos de las personas autistas.
Durante la exposición pública de sus observaciones, integrantes de Cuidadoras en Resistencia cuestionaron el contenido del dictamen al considerar que mantiene un enfoque asistencialista, concentra atribuciones en el DIF Jalisco y deja fuera necesidades fundamentales de las personas autistas adultas.
Además, recordaron que participaron en foros y reuniones convocadas por el Congreso para presentar observaciones jurídicas y técnicas al proyecto legislativo; sin embargo, acusaron que varias de sus propuestas no fueron incorporadas al dictamen final.
La coordinadora del colectivo, Cintya Ramírez, explicó que una de las principales preocupaciones es que la propuesta otorga al DIF facultades para diagnosticar, determinar el acceso a servicios, administrar el padrón estatal de personas autistas y gestionar el presupuesto destinado a la política pública en la materia.
Sostuvo además que la iniciativa no cumple con lo establecido en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que establece que la atención debe recaer en la red hospitalaria y en el sector salud, y no únicamente en instituciones de asistencia social.
Ramírez añadió que el proyecto se enfoca principalmente en niñas, niños y adolescentes, y deja fuera problemáticas relacionadas con la vida adulta de personas autistas, como vivienda independiente, autonomía, acceso al empleo y atención especializada permanente.
También advirtió que el dictamen no contempla mecanismos claros de vigilancia y transparencia sobre el manejo del presupuesto destinado a la política pública de autismo, pese a que se plantea la creación de un fondo económico específico.
Otro de los señalamientos fue la falta de prohibiciones explícitas para terapias consideradas violentas o violatorias de derechos humanos. De acuerdo con el colectivo, la iniciativa propone que una comisión determine qué terapias pueden aplicarse, aunque sin precisar lineamientos técnicos ni exigir especialización en autismo para sus integrantes.
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