Integrantes de una misión civil de observación denunciaron agresiones, amenazas, racismo y violaciones a derechos humanos contra la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco.
Tras una visita realizada del 20 al 22 de mayo, distintas organizaciones participantes señalaron que la comunidad tepehuana y wixárika enfrenta un contexto de violencia ligado a la defensa de su territorio ancestral.
A través de un pronunciamiento, las organizaciones recordaron que el reclamo territorial de Azqueltán ante el Estado mexicano data de 1951; sin embargo, fue en 2013 cuando la comunidad retomó su reorganización y reafirmó su autonomía para posteriormente presentar en 2015 una demanda de reconocimiento de bienes comunales ante el Tribunal Agrario Distrito 16.
Según la misión, a partir de entonces se intensificaron los conflictos, las denuncias de despojo, el hostigamiento, los ataques físicos, las desapariciones y los intentos de homicidio contra comuneros.
Entre los hechos más graves está el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad, ocurrido el 26 de noviembre de 2025.
Durante la visita, representantes de la comunidad y organizaciones acompañantes sostuvieron reuniones con autoridades estatales encabezadas por Alberto Bayardo Pérez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. En esos encuentros les expusieron la persistencia de las agresiones y solicitaron medidas integrales con enfoque intercultural y de derechos humanos.
La misión reconoció la disposición del gobierno estatal para mantener el diálogo; no obstante, advirtió que las violaciones documentadas desde 2018 requieren acciones concretas y sostenidas para garantizar la seguridad, la vida y los derechos territoriales de la comunidad.
Asimismo, denunciaron afectaciones al derecho de autoadscripción indígena al asegurar que habitantes de Azqueltán enfrentan obstáculos para acceder a programas sociales, políticas públicas y mecanismos de reconocimiento de sus formas de autogobierno.
También alertaron sobre impactos psicosociales derivados de la violencia e impunidad que enfrenta la comunidad desde hace años, situación que, afirmaron, afecta de manera colectiva a niñas, niños, jóvenes y adultos.
La misión civil de observación informó que continuará dando seguimiento al caso y llamó a autoridades, instituciones y sociedad civil a sumarse a la exigencia de justicia para Azqueltán.
En la misión realizada por San Lorenzo de Azqueltán participaron organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’ (Red TDT), la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), la Red Solidaria de Derechos Humanos, entre otras.
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