Ante las dudas sobre el manejo de recursos públicos y la cancelación del proyecto del Parque Arqueológico El Ixtépete, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo promovido por el diputado sin partido, Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, para citar a comparecer a funcionarios municipales y autoridades federales con el fin de esclarecer el estado legal del proyecto, el destino del dinero ejercido y las acciones para recuperar recursos públicos.
El acuerdo llega luego de que el gobierno de Zapopan le abonara casi 60 millones de pesos (mdp) al ejido de Santa Ana Tepetitlán como parte de una adquisición por más de 132 mdp por un terreno dentro El Ixtépete; sin embargo, el trato se cayó después de que la regidora morenista Karla Díaz López denunciara que ese predio no podía venderse al ser propiedad de la nación. Hasta el último corte el Municipio no había recuperado el dinero ya abonado.
Por ello la propuesta avalada en el Legislativo plantea que acudan de manera personal e indelegable los titulares de la Tesorería Municipal, la Sindicatura, la Contraloría Ciudadana y la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, así como cualquier servidor o ex servidor público que haya participado en la autorización, negociación o seguimiento del proyecto.
Asimismo, se busca la presencia de representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que informen sobre los aspectos vinculados al patrimonio arqueológico y la situación jurídica del predio.
De acuerdo con la iniciativa, los funcionarios deberán explicar el estado legal y administrativo del proyecto, las razones que derivaron en su cancelación y el monto de los recursos públicos involucrados, además de detallar los convenios e instrumentos jurídicos celebrados durante su desarrollo.
El legislador también solicita información sobre los procedimientos de devolución, recuperación o reintegro de recursos públicos que se hayan iniciado tras la cancelación del proyecto, así como los mecanismos de control y fiscalización que garanticen la legalidad y transparencia en el uso del dinero público.
La propuesta establece que las comparecencias se realicen bajo criterios de máxima publicidad, por lo que las sesiones deberían ser públicas y transmitidas a través de los canales institucionales correspondientes. Además, plantea la elaboración de versiones estenográficas íntegras para consulta ciudadana.
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