En Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), los precios de las viviendas se disparan por arriba del promedio general del país. Según el Índice de Precios de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), al primer trimestre de 2026 la entidad presentó un aumento de 12.6 por ciento en el valor de sus casas. En contraste, a escala nacional el alza promedio fue de 8.7 por ciento, revela el número 34 del Boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO.
Además, Jalisco presenta un encarecimiento acumulado de 132 por ciento en sus casas desde 2017. En contraparte, a nivel nacional el porcentaje es de 103.2 por ciento. La ZMG es el área metropolitana con mayores incrementos de costos de la vivienda del país, por encima de Monterrey (9.3 por ciento), Querétaro (6.6) y el Valle de México (5.1).
Para complicar más la situación: “Las presiones sobre el mercado inmobiliario jalisciense siguen intensificándose (...) en un contexto de debilitamiento del mercado laboral estatal, caracterizado por pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad y deterioro en la participación económica”.
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¿Por qué siempre en la Zona Metropolitana de Guadalajara se toman decisiones en obra pública con tintes partidistas?, cavila el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, mientras conduce su vehículo. Recuerda en un video en redes sociales que cuando gobernaba Jalisco el PAN, se centraba en apoyar a los municipios panistas, y a los del PRI los dejaba fuera. Luego, cuando gobernó el tricolor, “se voltearon las cosas”.
Hoy, acusa, “sigue lo mismo: las obras son nada más para las zonas naranjas, y para los municipios del oriente de la zona metropolitana sigue habiendo pretextos: ‘no hay dinero’, ‘espérame mañana’”. Predice que, “en su mal, lo van a encontrar. No les va a ir bien. Así no se hace política”. Veremos si en 2027 atina a los resultados electorales el oráculo del edil.
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Narcopolíticos y narcopolíticas: sepan que hoy entran en vigor las reformas y adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas. El Instituto Nacional Electoral (INE) contará con una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas que recibirá de los partidos políticos o de quienes aspiren a una candidatura independiente, los listados de las personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral, para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
Si el Rochagate no los acalambró, sepan que, si sus partidos políticos no los solapan, cuando pretendan ser candidatos o candidatas en 2027, se les aplicará el susodicho análisis de riesgo a sus candidaturas. O sea, pasarán por la báscula. No sabemos qué tan eficiente y qué tanta voluntad política se tendrá para atrapar a quienes tengan narcoperfil. Pero, por lo menos, aunque cuestionado, se pondrá un valladar.
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Avanza en el Congreso del Estado un dictamen que incorpora la figura de “intimidación vial” a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado. ¡Abundan los intimidadores viales a peatones y ciclistas!
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