Mientras colectivos de la diversidad sexogenérica han propuesto abrir espacios de diálogo informados y con enfoque de derechos humanos sobre el reconocimiento de la identidad de género en menores de edad, la Unión de Padres de Familia aseguró que está dispuesta a participar en mesas de discusión para exponer su postura sobre el tema.
La presidenta estatal de la organización, Ana Monserrat Villalobos Cortés, señaló que hasta el momento no han sido convocados a ningún ejercicio de diálogo, aunque afirmó que mantienen disposición para intercambiar argumentos con colectivos, especialistas y autoridades.
La agrupación impulsa una consulta ciudadana en la que plantea preguntar a la población si está de acuerdo en limitar la posibilidad de que personas menores de edad modifiquen su identidad de género o sexo en su acta de nacimiento, incluso cuando cuenten con acompañamiento legal e institucional.
La dirigente consideró que el Congreso local debe analizar con cautela las implicaciones jurídicas, sociales y psicológicas del tema.
Aunque la solicitud ya fue registrada en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y superó el número mínimo de apoyos requerido, el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza de Jalisco informó que el ejercicio aún no ha sido presentado formalmente ante su Secretaría Ejecutiva, por lo que el procedimiento no ha avanzado a la siguiente etapa institucional.
Villalobos detalló que actualmente se han reunido más de 5 mil firmas y que la organización busca alcanzar una meta de 30 mil apoyos para respaldar su postura ante el Congreso del Estado, donde se analiza una iniciativa relacionada con el reconocimiento de la identidad de género en niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, colectivos de la diversidad sexogenérica han advertido que los derechos fundamentales no deben someterse a consulta pública y han llamado a que el debate se desarrolle con información verificada, evidencia científica y respeto a los derechos humanos de las infancias trans.
Resoluciones de la Suprema Corte establecen que los congresos estatales deben adecuar su legislación para garantizar el acceso al reconocimiento de la identidad de género de las personas menores de edad, conforme al principio del interés superior de la niñez.
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