El abogado y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM, Francisco Burgoa, advirtió que la figura de los llamados jueces sin rostro representa un retroceso grave para el sistema de justicia en México y una amenaza directa al debido proceso.

El constitucionalista explicó que esta figura, que contempla la reserva de identidad de jueces que conozcan casos de delincuencia organizada, ya fue incorporada a la Constitución tras la reforma judicial del 15 de septiembre, específicamente en el artículo 20, aunque pasó casi desapercibida durante el debate público.

Señaló que actualmente se prepara su regulación en el Código Federal de Procedimientos Penales y que el Senado, a través de la Comisión de Justicia que preside Javier Corral, convocará a un Parlamento Abierto para discutir sus alcances.

El constitucionalista subrayó que los jueces sin rostro han sido considerados contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana, al vulnerar principios como la imparcialidad judicial, el derecho a una defensa adecuada y la posibilidad de conocer y recusar al juzgador.

Francisco Burgoa destacó además una contradicción central de la reforma judicial: mientras se promueve que los jueces sean electos por voto popular y hagan campaña pública, en los casos de delincuencia organizada se plantea ocultar su identidad, lo que impide evaluar su independencia, competencia técnica y trayectoria.

El especialista recordó que esta figura ya fue implementada en países como Perú y Colombia, con resultados negativos y señalamientos internacionales, por lo que consideró que México avanza hacia un modelo regresivo y de corte autoritario, sin fortalecer el acceso a la justicia.

Advirtió que este tema no sólo afecta a presuntos integrantes del crimen organizado, sino a cualquier ciudadano, ya que basta un señalamiento para ser juzgado por un juez cuya identidad, preparación e imparcialidad serían desconocidas.

Finalmente, Francisco Burgoa también criticó el desempeño de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuatro meses de su integración. Afirmó que no se ha observado independencia frente al Poder Ejecutivo y que los fallos en asuntos de alto impacto han favorecido sistemáticamente al gobierno federal, lo que confirma una Corte parcializada y debilitada en su papel como contrapeso constitucional.

GR