Con argumentos de riesgos en materia de seguridad, el gobierno del estado adquirió equipo antidrones por un monto de casi 30 millones de pesos (mdp). La adquisición se hizo mediante adjudicación directa.
El fallo fue emitido el 14 de noviembre del año pasado a favor de la empresa Valhidra, SA de CV, por un monto de 29 millones 857 mil 147.20 pesos. El equipo es para la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE).
La explicación para asignar directamente el contrato fue que ya se habían emitido dos convocatorias previas y la licitación se había declarado desierta. Las bases para la compra se publicaron el 2 de septiembre de 2025 con el número de licitación LPL 534/2025 para la “adquisición de sistema integral antidrones”.
En la justificación para la compra se señala que “la evolución de las amenazas aéreas no tripuladas ha superado las capacidades tradicionales de vigilancia, defensa y control en espacios públicos y zonas de seguridad estratégica. Los drones comerciales y modificados, por su tamaño reducido, bajo costo y facilidad de adquisición, representan un riesgo creciente para instalaciones críticas, eventos de alta concentración, operaciones policiales y patrullajes terrestres y aéreos”.
En la primera licitación solo se presentó una empresa, pero se determinó que era insolvente para hacerse cargo del contrato, por lo que se declaró desierta.
El 24 de septiembre se emitió una segunda convocatoria y tres empresas resultaron interesadas, pero nuevamente se declaró desierta con el argumento de que la propuesta que cumplía documental y técnicamente con los requisitos no era solvente, ya que “se encontró debajo de 40 por ciento del precio promedio del estudio de mercado”.
Finalmente, el 13 de septiembre la Secretaría de Seguridad solicitó que la compra se hiciera mediante adjudicación directa y así se eligió a la empresa Valhidra, SA de CV.
La empresa Valhidra fue creada apenas en enero de 2020, según el acta constitutiva registrada ante el notario Javier Manuel Gutiérrez Dávila. El objeto social por el que se creó fue para la fabricación, distribución y venta de maquinaria y accesorios para instalaciones hidráulicas y de gas, equipo de construcción, muebles y accesorios para baño. También registró actividades generales para rentas, concesiones, otorgamiento y obtención de créditos y para realizar “cualquier actividad mercantil no prohibida por la ley”.
No obstante, en marzo del año pasado cambió su objeto social para incorporar actividades relacionadas con la videovigilancia y monitoreo de seguridad. Ocho meses después se le adjudicó el contrato.
En la justificación de la SSE se señala que con el servicio que se contrata se busca “detectar amenazas aéreas con oportunidad y rescisión (sic), en un radio amplio, de forma continua y sin intervención humana directa”.
Al obtener el contrato, la empresa quedó obligada a “clasificar y discriminar drones mediante inteligencia artificial, reconociendo sus patrones de comunicación, tipo, marca y origen”, así como a “inhibir o tomar el control de aeronaves hostiles, sin necesidad de daño físico, mediante dispositivos portátiles o embarcados, que puedan operar incluso durante el desplazamiento de unidades móviles”.
También se ordenó a la empresa “georreferenciar eventos, rutas y operadores mediante telemetría activa y pasiva con capacidad de análisis forense y trazabilidad documental”, además de “intervenir de manera legal, técnica y proporcional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las Normas Oficiales Mexicanas y los estándares internacionales de ciberdefensa y uso del espectro”.
Poco antes
Valhidra, SA de CV, cambió su objeto social en marzo del año pasado para realizar actividades relacionadas con la videovigilancia y monitoreo de seguridad. Antes se constituyó como empresa dedicada a la fabricación, distribución y venta de maquinaria y accesorios para instalaciones hidráulicas y de gas, equipo de construcción, muebles y accesorios para baño.
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