El abogado José Agustín Cabrera Martínez interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en contra del agente del ministerio público (MP) Víctor Hugo Jiménez Orozco, quien se desempeña en la zona norte del estado, principalmente en Huejuquilla el Alto.

El quejoso señaló al funcionario de presunto abuso de autoridad y otras violaciones a derechos humanos, ya que señalado se habría burlado e incluso amenazado a Cabrera Martínez ante una negativa a una petición sobre diligencias.

“Al manifestar el suscrito que, ante la negativa antes señalada, me vería en la necesidad de acudir a presentar la queja correspondiente ante las instancias competentes, el agente del Ministerio Público adscrito a Huejuquilla, el Alto reaccionó de manera burlona y despectiva, realizando comentarios en tono de sarcasmo, minimizando dicha manifestación y expresando frases en el sentido de ‘uy, qué miedo, una queja’".

Cabrera Martínez agregó en la queja que el MP “adoptó una actitud abiertamente hostil, manifestando al suscrito que le hiciera como quisiera, que a ver cómo me iba". El funcionario, añadió, le dijo también que no se le ocurriera pensar que él le ayudaría en algún asunto; por el contrario, le avisó que haría todo lo posible por obstaculizar los trámites relacionados con sus asuntos.

El abogado abundó que Jiménez Orozco le dijo que se encargaría de perjudicar su ejercicio profesional: “(Me dijo) ‘voy a dejarlo sin clientes’, manifestaciones que representan intimidación proveniente de un servidor público encargado de la procuración de justicia”.

El abogado mencionó que ahora teme por su integridad, ya que el funcionario ha sido señalado de prácticas similares en ocasiones anteriores.

“Es del conocimiento en la región que dicho servidor público ha sido constantemente removido o cambiado de adscripción entre distintos municipios, pues él mantiene una reputación pública cuestionable respecto de su actuar, ya que en donde desempeña sus funciones existen comentarios y percepciones públicas negativas, por lo cual considero que me encuentro en riesgo toda vez que las expresiones intimidatorias realizadas por dicho servidor público hacen temer posibles represalias derivadas del ejercicio legítimo de mi profesión”.

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