La muerte de un bebé en Ciudad Juárez, presuntamente a manos de su madre, no puede leerse como un hecho aislado ni como una tragedia individual. Es, en realidad, un reflejo doloroso de las fallas estructurales en la protección de la niñez en México. Cuando una niña o un niño muere en condiciones de violencia dentro de su propio entorno familiar, no solo se rompe un vínculo esencial de cuidado, también se evidencia la incapacidad del Estado y de la sociedad para garantizar su derecho más básico: vivir libre de violencia.
Según el Balance Anual 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre enero y noviembre de 2025 casi 2 mil niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en el país, lo que equivale a un promedio de alrededor de seis homicidios al día de personas menores de 18 años.
México ha asumido compromisos internacionales claros en la materia. La Convención sobre los Derechos del Niño, junto con las directrices del Comité de Derechos del Niño de la ONU, obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia infantil. Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 16, plantean la necesidad de reducir todas las formas de violencia y garantizar entornos seguros. No obstante, estos compromisos contrastan con una realidad donde la violencia contra la niñez persiste y, en muchos casos, se invisibiliza.
Desde el ámbito penal, este caso no solo puede analizarse como homicidio, sino como una forma agravada vinculada al parentesco –tradicionalmente comprendida como parricidio–. Esta figura implica una ruptura absoluta del deber de cuidado, pues quien debía proteger se convierte en persona agresora. Sin embargo, el problema no radica en la ausencia de tipificación o en la severidad de las penas, sino en la incapacidad de prevenir estos hechos antes de que ocurran. El derecho penal llega tarde, y cuando se trata de la vida de una niña o niño, resulta ser irreparable.
Las políticas públicas en materia de niñez, aunque existentes, resultan fragmentadas e insuficientes. Instituciones como el DIF operan, en muchos casos, de manera reactiva, atendiendo consecuencias en lugar de prevenir causas.
El caso de Eitan cuestiona la idea tradicional de que el hogar es un espacio seguro. La violencia familiar continúa siendo una de las principales amenazas para la niñez, lo que exige replantear los mecanismos de vigilancia institucional sin vulnerar derechos, pero sí priorizando la protección efectiva.
Para evitar que estas tragedias se repitan, es indispensable reconocer que no todos los casos de violencia infantil son visibles para las instituciones tradicionales como escuelas o guarderías. En contextos de aislamiento, como el de este caso, la ausencia de contacto con estos espacios limita la detección temprana. Por ello, se vuelve fundamental ampliar los mecanismos de protección hacia un enfoque comunitario e interinstitucional más robusto.
Hablar del interés superior de la niñez no puede quedarse en palabras ni en protocolos. Cada niña o niño merece cuidado, escucha y protección, y en el caso de Eitan, fallamos todos: la sociedad, las instituciones, quienes debían velar por ti. No supimos ver su dolor, no supimos rescatar su inocencia. Su partida es un recordatorio desgarrador de nuestra omisión; y aunque llegamos tarde, que su memoria nos obligue a actuar, para que ningún otro niño viva lo que tú viviste.
*Doctora en Derecho
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