La solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el contexto de acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado no es un episodio excepcional, sino la expresión de una lógica estructural. Este suceso revela, con inusual claridad, la convergencia entre macrocriminalidad, corrupción estructural e institucionalidad democrática, dimensiones que, cuando se articulan, no solo debilitan al Estado, sino que reconfiguran su funcionamiento.
Desde una perspectiva jurídico-política, la licencia constituye una separación temporal del ejercicio del cargo sin extinguir formalmente la investidura. No obstante, dado que la inmunidad procesal está vinculada al ejercicio efectivo de la función, su alcance durante la licencia resulta jurídicamente controvertido y, en la práctica, puede debilitarse o cesar.
En términos formales, la licencia opera como un mecanismo de continuidad institucional. Sin embargo, en contextos de presunta macrocriminalidad –entendida como la integración sistemática entre estructuras criminales y espacios de poder político– esta figura funciona más como un dispositivo de contención que como una herramienta de rendición de cuentas. La licencia no desarticula redes de poder; apenas suspende su visibilidad.
Las acusaciones provenientes de Estados Unidos, que incluyen posibles vínculos con estructuras del narcotráfico y señalamientos sobre interferencias en dinámicas políticas locales, deben analizarse con doble cautela: jurídica y geopolítica. Jurídica, porque cualquier imputación requiere evidencia sólida, verificable y sometida a debido proceso. Geopolítica, porque la judicialización extraterritorial de actores políticos mexicanos no es neutra: forma parte de una estrategia más amplia de control y presión en la agenda bilateral de seguridad.
Este elemento introduce un punto poco explorado en el debate público: la externalización de la justicia. Cuando las investigaciones relevantes sobre posibles vínculos entre poder político y crimen organizado emergen desde el extranjero, lo que se pone en evidencia no es solo la gravedad del caso, sino la debilidad estructural de las capacidades nacionales de investigación. La pregunta de fondo no es únicamente si las acusaciones son ciertas, sino por qué, en caso de serlo, no fueron construidas institucionalmente dentro del propio Estado mexicano.
Es aquí donde el concepto de macrocriminalidad adquiere centralidad analítica. A diferencia de la criminalidad tradicional, la macrocriminalidad implica estructuras complejas que no operan al margen del Estado, sino en interacción con él. En estos escenarios, la corrupción deja de ser un acto individual para convertirse en un mecanismo sistémico de articulación entre lo legal y lo ilegal. No se trata de funcionarios corrompidos, sino de espacios institucionales funcionales a la reproducción del poder criminal.
Para Morena y para la Presidencia de la República el impacto es estructural más que coyuntural. El discurso de combate a la corrupción enfrenta una tensión crítica cuando uno de sus gobernadores es señalado en este nivel. La respuesta basada en la presunción de inocencia es jurídicamente incuestionable, pero políticamente insuficiente. En contextos de desconfianza institucional, la legalidad no siempre logra contener el desgaste de legitimidad.
Además, en un escenario preelectoral, este tipo de señalamientos no operan de manera aislada, sino acumulativa. No es necesario que las acusaciones se prueben de inmediato para generar efectos políticos; basta con que sean plausibles para erosionar la narrativa de integridad. El riesgo no es únicamente electoral, sino discursivo: la reinstalación de la idea de que el poder político y el crimen organizado no son esferas separadas, sino interdependientes.
Un aspecto aún menos explorado es la selectividad de la persecución internacional. Si bien la intervención de Estados Unidos puede interpretarse como un esfuerzo por combatir redes criminales transnacionales, también plantea interrogantes sobre los criterios bajo los cuales ciertos actores son investigados y otros no. Esta selectividad introduce un componente de incertidumbre que complejiza aún más la relación entre justicia, soberanía y poder.
*Doctora en Derecho
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