La dimensión internacional y, desde luego, particularmente la de los Estados Unidos tiene importantes expedientes abiertos con nuestro país respecto de los cuales no se define la línea de trabajo de políticas internacionales para abordar el tamaño de los problemas y la dimensión de los efectos que se pueden derivar de las malas gestiones por falta de previsiones en la política internacional.
El complejo tema de la intervención de personal de las fuerzas de inteligencia norteamericana en territorio mexicano se conoció por una mera circunstancia fortuita que generó un alud de declaraciones estridentes con un alto grado de juicios de valor, pero sin seguir por la vía institucional el seguimiento y la fundamentación de la protesta.
En su lugar se eligió la vía de la generación de narrativas a través de los medios, pero sin efectos en el desarrollo de los procedimientos internacionales previstos para estos conflictos. Internamente, el problema se percibe como una disputa de criterios entre el Ejecutivo federal y la administración estatal de Chihuahua, dejando la solución más en el terreno de la opinión pública que en el de las instituciones bilaterales competentes.
El gobierno estadounidense, por otra parte, presenta una “solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya”, gobernador con licencia de Sinaloa, recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 28 de abril de 2026, por su vinculación a supuestos cargos de narcotráfico y asociación delictiva.
La solicitud de detención provisional se ha convertido en un amplio y nutrido expediente que también ha resultado mediático, sin que se pongan en funcionamiento las estrategias de concertación diplomática en los Estados Unidos, por tratarse de una controversia bilateral con efectos en varios espacios, sobre todo los de comercio. Se trata, así, de una solicitud de un proceso en curso en los tribunales estadounidenses que, de acuerdo con los tratados internacionales entre los dos países, se debe responder por la misma vía en que se recibió. Es decir, se podría negar en esa vía cualquier tipo de colaboración sobre ese punto o, bien, proceder a la presentación de los 10 presuntos colaboradores del narco.
Tomando en cuenta el hecho de que en muy breve se establecerán las negociaciones para la ratificación del TMEC, el tema Rocha Moya –que no se trata de un asunto de libre comercio– sí coloca a los tres socios del tratado en una zona en la que se estará evaluando la solidez del sistema de justicia mexicano.
La negativa a la ejecución de la solicitud norteamericana situaría un alto índice de desconfianza hacia el gobierno mexicano, sobre todo considerando que el presidente norteamericano definió a los cárteles como “organizaciones terroristas”, y la implicación del gobernador Rocha de acuerdo con la petición norteamericana es un elemento que debe juzgarse en Estados Unidos por los efectos de esas acciones criminales en suelo norteamericano.
Los sistemas de justicia, respecto de los cuales el mexicano no goza de buena reputación, plantea un enorme dilema: ¿defender al aliado político como si se tratara de una razón de Estado o proceder con estricto apego a la normativa internacional?
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