Con un gobierno del estado que decide con base en criterios y visión empresarial, empleados del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable (Siapa) expresan en corto su temor a que la crisis del organismo, y en particular del agua contaminada que afecta a cientos de colonias metropolitanas de Guadalajara, sirva de pretexto para privatizarlo.
Consideran que ante la grave problemática que ha generado malestar social, en el escenario de que fuera entregado el Siapa a empresarios, estarían en riesgo sus derechos laborales. Además, advierten que aumentarían los cobros por el consumo de agua, con lo que resultarían perjudicados hogares y negocios. La preocupación cunde entre trabajadores, aunque no conocen ningún reporte oficial de que se prevea dejar en manos del sector privado a la dependencia. Es un miedo enquistado.
La crisis del Siapa se advierte en sus rezagos y la infame calidad del agua que surte. Los servicios bajo su responsabilidad son pésimos, desde hace años, y se han venido agravando. No ofrece agua potable, pero sí la entrega contaminada, turbia, generadora de enfermedades; ha sido incapaz de cobrar a miles de deudores morosos; su infraestructura es vieja y obsoleta; utiliza aguas residuales en su defectuosa planta potabilizadora de Miravalle y existen sospechas de corrupción, entre otros señalamientos reiterados.
Las protestas son uno de los diversos indicadores de que el organismo no cumple con sus responsabilidades. Este reciente domingo fue Día Mundial del Agua, por lo que organizaciones ciudadanas convocaron a una protesta contra el agua no potable que distribuye el organismo. “¡Más agua! ¡Menos Mundial!; “¡Siapa, nuestra salud no es un juego!”; “¡Queremos agua limpia, no más obras mundialistas!”; “Agua y salud; alerta sanitaria ya”; “Transparencia del proyecto ejecutivo Acueducto Chapala-Guadalajara”, fueron parte de las consignas de la campaña ciudadana de 12 organizaciones civiles.
El Siapa no cumple con disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. El artículo segundo señala que “la administración y operación de los servicios de agua potable y saneamiento a cargo del organismo operador (…) comprende la regulación, captación, conducción, desinfección, potabilización, almacenamiento y distribución del agua por los medios que se consideren técnicamente adecuados, y la conexión, conducción, desalojo, tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales o aguas negras crudas, el de las aguas residuales tratadas y las aguas no potables distintas a éstas, para su uso y reutilización, en los términos de las disposiciones legales aplicables”. En cada uno de los puntos ocurren deficiencias.
Como indica el artículo cuarto, entre sus facultades y obligaciones el Siapa tiene la de formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su cargo; mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas residuales, reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención y control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de su área de operación; vigilar todas las partes del sistema de distribución, abastecimiento y descargas para detectar cualquier irregularidad, la cual deberá ser corregida. El Siapa cumple parcial o totalmente dichas responsabilidades.
Otra de sus obligaciones, como es supervisar que las descargas de aguas residuales se realicen conforme a la normatividad ambiental vigente, en coordinación con las autoridades competentes, no la cumple, por poner algunos ejemplos de sus deficiencias notorias y públicas.
La destitución del ahora exdirector general Antonio Juárez Trueba y la llegada de Ismael Jáuregui Castañeda no garantizan que el Siapa salga de su crisis estructural y profunda.
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