En Jalisco, cientos de familias cuidadoras de personas con discapacidad enfrentan trámites burocráticos, falta de transparencia y retrasos en los apoyos del programa “Yo Jalisco, apoyo a personas Cuidadoras” lo que las deja en desamparo. Ante esta situación, diputados locales anunciaron iniciativas para simplificar los registros, garantizar pagos oportunos, publicar reglas de operación en lenguaje claro y auditar los recursos destinados a estos programas sociales.
Durante la rueda de prensa, Mireya Murillo, madre y cuidadora del colectivo Mamás Nunutzi, denunció que muchas personas ya inscritas en el programa Yo Jalisco deben reiniciar cada año el proceso de registro, lo que implica gastos adicionales, trámites complicados y barreras de accesibilidad.
Denunciaron que en algunos casos, se les hizo firmar recibos como si hubieran recibido el dinero, cuando en realidad no había llegado. Este retraso impacta directamente en su vida cotidiana, ya que los recursos se destinan a pañales, alimentación especial, medicamentos, terapias y aparatos para las personas con discapacidad.
“Ser cuidadora no tiene fecha de caducidad; la discapacidad no desaparece cada año y el cuidado tampoco”, señaló.
Tonantzin Cárdenas anunció la presentación de una iniciativa para reformar el artículo 28 bis de la Ley de Desarrollo Social de Jalisco. La propuesta busca garantizar que los formatos de los programas sean de fácil lectura, con lenguaje claro y accesible, e incorporar automáticamente a los padrones a quienes ya son beneficiarios, evitando que se repitan exclusiones injustificadas.
El diputado Alejandro Barragán enfatizó la necesidad de involucrar a la Contraloría y a la Auditoría Superior del Estado para revisar la dispersión de los recursos y evitar irregularidades en los pagos. “Es muy grave que no se asigne suficiente presupuesto, pero más grave aún que se haga firmar a las familias como si hubieran recibido recursos que nunca les llegaron”, afirmó.
Asimismo, los legisladores denunciaron que la implementación de la tarjeta naranja ha generado confusión y condicionamientos, limitando el acceso de personas en zonas rurales o con dificultades para conectarse a internet.
Por ello, pidieron que los programas puedan gestionarse de manera presencial y con apoyo humano, no solo digital, para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Los diputados insistieron en que cuidar a personas con discapacidad es un trabajo que sostiene la vida y que quienes lo realizan merecen reconocimiento, respeto y políticas públicas efectivas.
JC
