Trabajos recientes en las faldas del Cerro de la Reina reavivaron la preocupación de la comunidad indígena de Tonalá; sus representantes, Felipe Nave y Rodolfo Pila, denunciaron una intervención ilegal en una zona clave para la recarga hídrica y la conservación ambiental.

“Hoy no venimos a pedir permiso, venimos a denunciar”, sentenciaron, al acusar que en las faldas del cerro ya operan máquinas, se han abierto caminos y se remueve tierra, pese a la existencia, aseguraron, de una suspensión judicial vigente. Para la comunidad, estos hechos configuran un desacato directo a la ley y una agresión contra su territorio sagrado.

Nave y Pila señalaron que el proceso en curso responde a una lógica de urbanización que calificaron como “violenta”, impulsada, dijeron, por intereses que buscan convertir el cerro en un negocio, ignorando su valor ambiental, cultural e histórico. Recordaron que este espacio no solo es una zona de recarga acuífera, sino también un punto de memoria viva para el pueblo tonalteca.

La denuncia revive una lucha que no es nueva. En años recientes, distintos proyectos han intentado apropiarse del Cerro de la Reina, pero han sido frenados por la organización comunitaria, acciones legales y presión social. Sin embargo, advirtieron que los intentos no han cesado y ahora avanzan, incluso por encima de resoluciones judiciales.

Los representantes indígenas subrayaron que el cerro no es un terreno disponible. “No es un lote, no es una oportunidad de negocio, es un territorio sagrado”, afirmaron, al destacar que ahí se sostienen prácticas ancestrales, ceremonias y formas de vida que siguen vigentes.

Recordaron además que hace un año la asamblea comunitaria lo declaró área natural protegida y espacio cultural vivo, delimitando zonas clave para su conservación. Precisamente, denunciaron, las obras actuales se concentran en una de las áreas más sensibles, lo que agrava el impacto ambiental y social.

Ante este panorama, exigieron la clausura inmediata de cualquier obra en la zona, la intervención urgente de autoridades ambientales y transparencia total sobre permisos o autorizaciones. También demandaron respeto absoluto a los derechos de la comunidad indígena y el reconocimiento formal como pueblo originario dentro del estado.

Finalmente, advirtieron que no permitirán que el cerro sea convertido en mercancía. “La tierra no se vende, se defiende”, afirmaron, al reiterar que continuarán con acciones legales y sociales para proteger el territorio, el agua y la vida de las futuras generaciones.

JC