La cancelación de la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso de Jalisco, por falta de quórum, desató la indignación de colectivas de madres autónomas, quienes acusaron que la omisión legislativa sigue condenando a miles de niñas, niños y adolescentes al abandono económico.
Alejandra Baltazar, representante de Colectivo Unido de Jalisco, señaló que el incumplimiento de la pensión no debe verse como un favor, sino como una obligación parental, y acusó que en la práctica el sistema judicial protege más el patrimonio del deudor que los derechos de la infancia. Advirtió que esta situación ha generado un escenario donde la paternidad se vuelve “opcional”, debido a la falta de sanciones efectivas.
Explicó que, además de enfrentar el abandono, las madres deben asumir el costo de buscar justicia, pagando abogados, pruebas de ADN y traslados, lo que impacta directamente en los recursos destinados a la alimentación, educación y salud de sus hijos. “Buscar justicia nos empobrece”, afirmó.
Baltazar alertó que en Jalisco cerca de 90 mil menores no reciben pensión alimentaria, mientras que a nivel nacional el 67.5 por ciento de las madres solteras enfrentan abandono económico, incluso cuando existen resoluciones judiciales, debido a la impunidad con la que operan muchos deudores.
Ante este panorama, las colectivas exigieron medidas concretas dentro de la Ley Sabina, como la creación de un Registro Estatal de Deudores Alimentarios público, la restricción de derechos civiles, como licencias de conducir, pasaportes o acceso a cargos públicos, para quienes incumplan, el reconocimiento del impago como violencia económica y vicaria, así como sanciones para quienes ayuden a ocultar ingresos o patrimonio.
Por su parte, Cintya Rodríguez, integrante del colectivo, señaló que la falta de cumplimiento envía a niñas y niños el mensaje de que sus necesidades no son prioridad, afectando su estabilidad emocional y limitando sus oportunidades de desarrollo.
Describió a las madres autónomas como el “muro de contención” que sostiene tanto la carga económica como emocional frente a la negligencia del progenitor, y criticó que la sociedad y las instituciones normalicen la irresponsabilidad paterna mientras se estigmatiza a quienes exigen lo justo.
También denunció la lentitud del sistema judicial, donde los procesos pueden tardar meses o años en resolverse, tiempo en el que los menores enfrentan carencias básicas. “La justicia que llega tarde no es justicia”, advirtió.
Finalmente, coincidieron en que la aprobación de la Ley Sabina es urgente para garantizar el derecho de la niñez a una vida digna y libre de violencia económica.
CES
