El nivel de endeudamiento que tiene el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) provoca que destine mayor presupuesto al pago de créditos que a obras públicas. Para este año, el organismo contaba con un presupuesto de egresos de 6 mil 350 mdp antes de la reciente reasignación de mil melones hecha desde la Comisión Estatal del Agua. Pues bien, de este dinero, 15.10 por ciento, que corresponde a 958.8 mdp, es para pagar los créditos vigentes, mientras que para inversión pública se destinaron 466.3, la mitad de lo destinado al pago de deuda. Parte de la actual crisis del Siapa es que, se ha argumentado, carece de suficientes recursos. Lo más fácil ha sido endeudarse y pasarle la bronca a la siguiente administración.
Recordemos cómo, a finales de los años 90, se armó tremenda polémica con el llamado “crédito japonés”, un megaproyecto de financiamiento internacional por cientos de millones de dólares. La propuesta desató fuerte oposición social y política porque implicaba un aumento drástico en las tarifas, de hasta un 100 por ciento. Los paganos, obvio, serían los usuarios. El proyecto fue cancelado en 1998. Pero la tentación de endeudar al Siapa continuó. Hoy vemos las consecuencias.
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Una auténtica bomba trae entre manos el Estado mexicano, luego de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) puntualizara que existen indicios de desapariciones forzadas en México, como posibles crímenes de lesa humanidad, y pide que se lleve el caso a la Asamblea General de la ONU para considerar posibles ayudas internacionales.
El Estado mexicano, recordemos, es la organización jurídica y política de la nación en un territorio determinado, bajo un poder soberano y regulado por la Constitución Política. En las clases de civismo decían los profes que está integrado por población, territorio, soberanía y gobierno, en particular el gobierno federal, sin olvidar a las otras instituciones públicas.
Total, que la réplica del gobierno de Claudia Sheinbaum al informe del CED ha sido duramente criticada por organismos defensores de derechos humanos, instituciones académicas y el conjunto de agrupaciones y colectivos con familiares desaparecidos. Lo señalado por el comité pone en evidencia también a gobiernos estatales y municipales, entre ellos, Jalisco.
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Y es que resulta que el CED ejemplificó con el Rancho Izaguirre, descubierto en marzo del año pasado en Teuchitlán, cómo es que el Estado mexicano es aquiescente (término del que deberían hacer numerosas planas con su significado funcionarios del Ejecutivo federal y estatal) con las desapariciones, pues toleró por años su existencia y el caso sigue impune. De esto se han mencionado una y otra vez las complacencias, yerros y complicidades de los tres niveles de gobierno.
Pero no solo eso: en su réplica al CED el gobierno federal reveló el descomunal dato de que en los últimos poco más de seis años la Fiscalía del Estado solamente ha logrado siete sentencias condenatorias. Nos restregamos los ojos para leerlo, pero sí, leímos bien: apenas siete. La cifra del fracaso. De la impunidad prácticamente total. ¿Qué tanto se debe a complicidades, ineficacias institucionales, insuficiente preparación, falta de personal, acumulación de trabajo, inmisericordia hacia familiares y víctimas de desaparición?
jl/I
