Que seis de cada 10 personas privadas de su libertad en centros penitenciarios de Jalisco lo estén sin condena es consecuencia de una falla estructural que ha convertido a las cárceles en sustituto de la justicia, concluyó Alfonso Partida Caballero, profesor de Derecho Procesal Penal del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Esta semana ‘El Diario NTR’ Guadalajara publicó que el 65 por ciento de la población penitenciaria está bajo la figura de persona procesada, es decir, sin sentencia. En el mismo texto se resaltó que en el Reclusorio Femenil más del 80 por ciento de las reclusas no tiene sentencia.
Al respecto, el especialista analizó lo que ocurre y mencionó que “en Jalisco la justicia penal atraviesa una crisis profunda que ya no puede ocultarse: miles de personas privadas de la libertad permanecen sin sentencia. Este fenómeno no es una anomalía aislada, sino la expresión más clara de un sistema que ha dejado de cumplir su función esencial: investigar, procesar y sancionar el delito. Cuando el Estado encarcela sin sentenciar no imparte justicia, administra su incapacidad”.
Lamentó que en Jalisco la prisión preventiva dejó de ser una medida excepcional, como debería ser, para convertirse en una herramienta ordinaria de control. En el estado, añadió, se abusa de esta medida ante la debilidad de las investigaciones que se realizan desde la Fiscalía del Estado (FE).
“El Ministerio Público, como responsable de la conducción de la investigación, enfrenta una crisis estructural. La falta de capacidad para integrar carpetas sólidas impide construir acusaciones firmes, lo que se traduce en procesos largos, frágiles y, en muchos casos, inconclusos”.
A lo anterior se le suma que en el Poder Judicial también se vive un deterioro, ya que valida la implementación reiterada de la prisión preventiva como medida cautelar sin analizar su necesidad y proporcionalidad.
“El resultado es un sistema que genera un triple efecto preocupante: por un lado, un número elevado de personas en prisión sin sentencia; por otro, delitos que no reciben un castigo efectivo, y finalmente, un desorden estructural en los ámbitos de procuración de justicia, servicios periciales y ejecución penal”.
El académico concluyó su análisis con la afirmación de que en Jalisco “se encarcela para aparentar eficacia, no para resolver el delito. Se priva de la libertad como respuesta inmediata, no como consecuencia de un proceso debidamente concluido”.
NH
