Tras reconocer una insuficiencia presupuestal en materia de laudos laborales y cumplimiento de sentencias de amparo, el Ayuntamiento de Tequila solicitó a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco apoyo para gestionar recursos, instalar mesas de trabajo y analizar la creación de una partida específica en el presupuesto estatal 2027 que permita hacer frente a estas obligaciones. Se trata del segundo oficio enviado sobre esta problemática.

A través de un oficio fechado el 10 de abril de 2026, la presidenta municipal interina, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, expuso que el ayuntamiento enfrenta una insuficiencia presupuestal que le impide cubrir los montos derivados de sentencias firmes, lo que ha generado requerimientos constantes por parte de juzgados de distrito encargados de vigilar el cumplimiento de dichas resoluciones.

En el documento, dirigido al Poder Legislativo estatal, se detalla que esta situación ya había sido planteada previamente en un escrito presentado el 24 de marzo de 2026, en el que se advirtió sobre la problemática estructural que representan los laudos laborales acumulados, así como los incidentes de inejecución de sentencia en materia de amparo, que obligan a la autoridad municipal a responder en plazos determinados.

Como parte de las alternativas para atender este escenario, la alcaldesa propuso que, de considerarlo viable, el Congreso analice la creación de una partida específica, dentro del Presupuesto de Egresos del Estado 2027, destinada a cubrir este tipo de obligaciones laborales de los municipios. 

Asimismo, planteó como opción la autorización de un crédito o préstamo a favor del ayuntamiento con el objetivo de contar con liquidez inmediata para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.

La solicitud subraya la urgencia del tema, pues recala que los órganos jurisdiccionales continúan emitiendo requerimientos para el pago de los laudos, lo que coloca al Municipio en una situación de presión legal y administrativa, con posibles consecuencias en caso de incumplimiento.

Ante este panorama, Rodríguez Rivera pidió a la comisión legislativa de Hacienda la concesión de un espacio de trabajo, en fecha y hora que se determine, para exponer de manera directa y detallada la magnitud del problema, así como para explorar conjuntamente posibles mecanismos de solución que permitan atender las obligaciones sin comprometer de manera crítica las finanzas municipales.

Como antecedente, a mediados de febrero el Municipio enfrentó una parálisis administrativa a raíz de la detención del alcalde Diego Rivera Navarro y la huida del entonces tesorero Julio César Limón Trigueros, ya que ambos eventos provocaron que las cuentas del Municipio fueron congeladas. Entonces el ayuntamiento tuvo que nombrar a un nuevo tesorero interino para disponer de recursos.