Organizaciones civiles presentaron ayer el informe ‘En materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometida contra personas indígenas’, en el que documentaron casos de Jalisco y cómo las personas de pueblos originarios tienen mayores vulnerabilidades de ser víctimas de este delito y, a la par, más obstáculos para denunciar y acceder a la justicia.

De por sí, en Jalisco hay impunidad total en cuanto a casos de tortura, en parte porque el Estado sigue incumpliendo con la creación de la fiscalía especializada en la materia, mencionó Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad); sin embargo, cuando se trata de casos en comunidades indígenas las vulnerabilidades se intensifican.

“Cuando hablamos de tortura contra personas indígenas no estamos hablando únicamente de hechos aislados de violencia institucional, estamos hablando de una práctica que ocurre en un contexto atravesado por el racismo estructural, la discriminación histórica, las profundas desigualdades que siguen marcando la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas”, dijo.

La codirectora añadió que, en el caso de las personas indígenas, su lengua, su vestimenta, su origen comunitario o incluso la manera cómo hablan y se relacionan con las instituciones, “son elementos que se convierten y son utilizados para criminalizar y para violentar. El problema todavía es más grave cuando observamos cómo el Estado registra o más bien deja de registrar las violencias”.

Muestra de la situación descrita es que las autoridades locales sólo se reconocen siete casos de tortura hacia personas indígenas en Jalisco entre 2017 y 2023, lo que evidencia un subregistro, mencionó Montiel Flores.

Por ejemplo, apuntó que en 2020 dieron acompañamiento a un caso de tortura en contra de un integrante de la comunidad wixárika y tepecana de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, pero las autoridades lo desestimaron y lo clasificaron como abuso de autoridad.

“Su denuncia fue desestimada bajo el argumento que existía un trasfondo político relacionado a un conflicto agrario. No se abordó como tortura, sino únicamente como abuso de autoridad y lesiones calificadas”.

Algunos de los obstáculos que notaron, además de los generalizados y la falta de interseccionalidad, tienen que ver con que se carece de intérpretes suficientes para que las personas indígenas puedan interponer denuncias y dar seguimiento a sus casos. En el informe, además del contexto de Jalisco, también se integra la situación de Puebla, Sonora y Veracruz.

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