Con señalamientos de falta de transparencia, exclusión social y violaciones a derechos constitucionales, la Asamblea Popular Contra el Tarifazo rechazó el incremento al transporte público y llamó a la población a movilizarse el 8 de febrero contra lo que calificó como un modelo que convierte un derecho en negocio.
La Asamblea, integrada por 12 colectivos y personas usuarias del transporte, afirmó que el incremento no corresponde al cálculo técnico del Comité Tarifario, el cual, señalaron, arrojó una tarifa ponderada de 13.03 pesos.
Indicaron que el ajuste a 14 pesos fue una decisión administrativa posterior que calificaron como ilegal, además de exigir la publicación de la minuta de la sesión del comité del 26 de diciembre de 2025 y la restitución de documentos eliminados del Diario Oficial del estado.
Los voceros denunciaron falta de transparencia en el proceso y cuestionaron el modelo de subsidio condicionado al uso obligatorio de una tarjeta bancaria operada por una sociedad financiera popular y una empresa privada.
Afirmaron que este mecanismo excluye a sectores no bancarizados, personas adultas mayores, población rural y quienes enfrentan brecha digital, lo que profundiza la desigualdad.
También señalaron que el transporte público se ha tratado como un negocio privado, trasladando los costos a la ciudadanía mientras se garantizan ganancias a concesionarios.
Subrayaron que el aumento no se justifica ante la falta de mejoras en el servicio y que representa una regresión en derechos sociales, al obligar a familias a elegir entre alimentación, estudio o traslado.
Durante la conferencia también se planteó la necesidad de recuperar un modelo de transporte público estatal y municipal, así como de dignificar las condiciones laborales de los choferes. Los participantes insistieron en que el presupuesto público permitiría sostener un sistema accesible sin recurrir a aumentos ni esquemas privatizados.
La Asamblea hizo un llamado a la ciudadanía a organizarse, realizar asambleas comunitarias y ejercer presión social para revertir el aumento. Asimismo, convocaron a abogados y organizaciones a promover amparos contra el acuerdo tarifario.
Finalmente, anunciaron una marcha contra el tarifazo el próximo 8 de febrero a las 11:00 horas, que partirá de la Glorieta Minerva y concluirá en Casa Jalisco. “El transporte público es un derecho, no un negocio”, expresaron, al reiterar que continuarán con acciones de protesta pacífica y organización social.
CE
