El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue vinculado a un proceso judicial por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, luego de que un juez federal determinara imponerle prisión preventiva oficiosa por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de dos candidatos de Morena durante el proceso electoral de 2021.

La resolución fue emitida por el juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. En la misma causa penal también fueron imputados el comisario de Seguridad Pública Municipal, Juan Manuel “N”, y el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel “N”, por su probable participación en delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en marzo de 2021 Guillermo Cordero García, entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, fue citado en un restaurante ubicado sobre la carretera Internacional 604. En ese sitio, sujetos armados lo privaron de la libertad y lo trasladaron a un lote baldío, donde fue golpeado y torturado para obligarlo a desistir de sus aspiraciones políticas.

Posteriormente, la víctima fue llevada a un domicilio en la colonia Obrera 1, donde nuevamente fue agredida y forzada a contactar a su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, quien también fue secuestrado y golpeado. Ambos fueron obligados a firmar su renuncia ante el Instituto Nacional Electoral y liberados horas después en la colonia Infonavit, lo que permitió que la candidatura quedara en manos de Rivera Navarro.

Además de estos hechos, la FGR imputó al alcalde el delito de delincuencia organizada, al señalarlo como presunto líder de una red de extorsión que operaba en Tequila y que afectaba a comerciantes, artesanos y empresarios del sector tequilero mediante el cobro de derecho de piso, con cuotas que iban desde 500 pesos hasta montos millonarios.

La investigación federal también establece un presunto vínculo del edil con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que habría entregado hasta 40 millones de pesos anuales, como parte de un acuerdo que incluyó el financiamiento de su campaña política. Según la carpeta de investigación, el comisario municipal fungía como su “brazo armado”, mientras que otros funcionarios del Ayuntamiento operaban el manejo de recursos y enlaces con el grupo criminal.

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo martes 10 de febrero, fecha en la que se definirá su situación jurídica y el tiempo que permanecerán en prisión preventiva.

GR