Promovida por funcionarios del gobierno del estado y ayuntamientos, y por Movimiento Ciudadano, la tarjeta naranja o tarjeta única no será obligatorio tramitarla para acceder a los subsidios a la tarifa del transporte. Fue un primer volantazo dado ayer. El segundo, a escasas tres semanas de que entre en vigor el aumento, fue determinar una tarifa social generalizada de 11 pesos por pasaje. Se trata de un par de medidas que echan abajo el pago de 14 pesos, precedidas por la solicitud de referéndum, manifestaciones y amparos promovidos por ciudadanos, colectivos y agrupaciones civiles.
“Estos días he estado muy atento a lo que han expresado los colectivos, estudiantes y usuarios del transporte público en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única. Ante ello, he decidido que nadie pagará 14 pesos por el transporte público. La tarifa a partir del 1 de abril será de 11 pesos, sin condiciones. Serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo”, informó desde temprana hora el gobernador Pablo Lemus Navarro. En ese giro del volante, se mantiene la tarifa preferencial de 5 pesos para las y los estudiantes del estado.
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A un año de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciara las escenas de horror en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló en una recomendación que la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses “omitieron el procesamiento técnico de las evidencias, sin asegurar adecuadamente el sitio”. O sea, propinó un jalón de orejas.
Ahora, a solicitud de la CNDH, los titulares de la Fiscalía (Salvador González de los Santos) y del instituto (Alejandro Axel Rivera Martínez) deberán realizar, en un plazo de medio año, un acto público “de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos”. El primero va por la segunda disculpa pública.
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La que salió de su ostracismo es la Fiscalía General de la República. Informó que suman 47 los detenidos por el Rancho Izaguirre, del que solamente reconoció que fue un centro de entrenamiento y reclutamiento forzado. Sin embargo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha reiterado que se trató de un centro de exterminio y atrocidades.
Ya transcurrió un año y se desconoce a quiénes pertenecen los restos y las prendas localizadas. Para las familias la incertidumbre es agonía.
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El acoso inmobiliario por parte de empresas fue denunciado en el Congreso del Estado por vecinos y vecinas de diferentes colonias metropolitanas. Un ejemplo es el de la señora Guadalupe Sarabia quien ha padecido daños a su vivienda a causa de una obra aledaña y debió abandonar su finca hace siete años. A pesar de contar con un convenio y posteriormente con una sentencia judicial a su favor, el proceso se ha prolongado por recursos legales que han impedido la reparación total del daño y el cumplimiento efectivo de la resolución.
Casos similares se padecen en colonias como Providencia, Americana, Lafayette, San Rafael y Arcos Vallarta. De ahí que la diputada Mariana Casillas Guerrero informó que impulsa una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado.
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Hoy tiene agenda en el Área Metropolitana de Guadalajara la presidenta Claudia Sheinbaum.
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