En 2008 un dirigente empresarial de Jalisco aseguró, falsamente, que sin peligro se podía tomar agua del tóxico río Santiago, ofreció tomar un trago para demostrarlo, no cumplió, y se le denominó ‘El Buches’… pues ahora el Siapa supone que miles de jaliscienses pueden echarse un buche del agua de la llave sin enfermarse. El organismo sostiene que el líquido fétido, entre café y naranja que envía a miles de hogares de casi 70 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá ¡no representa un riesgo para la salud! Después argumenta con malísima redacción las causas, entre ellas lo viejo de la infraestructura siapera.
El especialista Josué Daniel Sánchez Tapetillo documentó y mapeó, el 2 y 3 de marzo, los puntos donde la población reportó en redes sociales que recibe agua contaminada. ¿Un directivo del Siapa puede comprobar, como asegura el organismo, que la pestilente agua no es dañina echándose un buche?
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Luego de estar en Puerto Vallarta, el gobernador Pablo Lemus Navarro se encaminó a Tapalpa, otro municipio víctima de las tropelías cometidas por delincuentes. Ahí encabezó la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, y en reunión con el alcalde anfitrión y los de San Gabriel, Amacueca, Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, les refrendó su compromiso para que las actividades de la región vuelvan a la normalidad lo antes posible, entre ellas la turística.
Anunció que los propietarios de vehículos siniestrados podrán recuperarlos, luego de que con el gobierno federal se creará un fondo mixto de apoyo. De hecho, esto lo anunciará con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a petición del gobernador estará en la entidad mañana para una gira de trabajo. Lemus Navarro reveló que se han recibido 600 denuncias por los automotores particulares incendiados el 22 de febrero, pero se tiene una cifra oculta de afectados.
Solo en Puerto Vallarta, informaron ayer autoridades municipales, ese domingo negro fueron incendiados 228 vehículos y 141 negocios. La delincuencia dañó patrimonio y empleo de miles de jaliscienses.
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El 12 de enero de este año el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco lo había advertido, en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum: el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, “fue una zona de exterminio donde se cometieron privación ilegal de la libertad, trata de personas, asesinatos sistemáticos, canibalismo y otros actos inhumanos (…)”. Denunció el abandono del rancho, múltiples irregularidades en las investigaciones, que continuaba el reclutamiento y que testigos clave debieron huir del país por las amenazas, ante lo cual pidió a la mandataria que la verdad no fuera enterrada.
Ahora, a un año de que el colectivo reveló las atrocidades cometidas por un grupo delictivo y el hallazgo de restos humanos y mil 800 prendas de las víctimas, reiteró que no hay avances en las investigaciones, y que el reclutamiento forzado continúa e impacta cada vez a población más joven. Sin que les permitan acceso físico a las prendas, madres buscadoras han identificado las que pertenecen a un familiar desaparecido. La Fiscalía General de la República no ha seguido indicios que conduzcan a más involucrados. La verdad y la justicia no llegan.
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¿Cómo que el Centro Universitario de Tonalá de la UdeG invade un humedal protegido para construir un estacionamiento? Aunque la institución respondió que la intervención no afecta el flujo natural del agua ni el funcionamiento de las presas…
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