Las declaraciones del gobernador Pablo Lemus Navarro en torno a quienes impulsaron la creación de la organización Soy Papá no Criminal causaron sorpresa porque, al menos en el discurso, significan un cambio de postura del gobierno estatal hacia una de las violencias más comunes que se ejercen contra las mujeres: la violencia vicaria.
El mandatario dijo que había pedido que se revisaran algunos perfiles de los manifestantes, entre quienes identificaban a algunos “machos alfa” para saber si son “deudores alimentarios”. Luego, precisó que uno de los impulsores de este movimiento había sustraído a sus hijos del hogar.
El caso al que el gobernador parece referirse es el del empresario Diego Romo, quien aprovechó que su ex pareja Elisa Celis le entregó a los hijos que tienen en común para una convivencia y ya no los regresó. La madre, que ganó la custodia en tribunales, ha tenido que enfrentarse a decenas de procesos en diferentes instancias y materias. Los años pasaron y Marcelo, el mayor, cumplió la mayoría de edad, por lo que se mantiene la disputa por Patricio.
Pero los niños no han pasado estos años con el padre, quien después de sustraerlos del hogar materno los ha movido de un lugar a otro, para que no sean localizados y no se ejecuten las sentencias a favor de Celis. Ese periodo ha sido aprovechado para someter a los hijos de la pareja a alienación parental contra Lisi, por lo que ambos se resisten a regresar con su mamá.
El caso de Lisi no es el único. Recordemos lo que ocurrió con la académica Leticia Leal y el ex consejero Naucatzin Bravo, cuando éste último ofreció una conferencia de prensa para que su hijo hiciera declaraciones graves en contra de su madre. También hay señalamientos contra Ángel Ulises, cuñado de la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, quien logró quedarse con su hijo a pesar de que tenía denuncias de violencia contra su ex pareja Ángela María. Una denuncia más es contra el líder del sindicato del Congreso del Estado, César Íñiguez, quien había sustraído a sus hijos para llevarlos a casa de la abuela paterna, impidiendo a la madre tener contacto con ellos.
En todos estos casos el común denominador son los contactos con el poder, que permiten evadir la justicia.
El 25 de mayo pasado, el gobernador Pablo Lemus publicó la reforma que aprobaron los diputados al artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado Jalisco, así como los cambios a los códigos Civil y Penal, para establecer como uno de los tipos de violencia contra las mujeres la vicaria.
La reforma entró en vigor, pero ahora lo que se requiere es que se refleje en los procesos y que los jueces dejen de proteger a los violentadores con resoluciones a su favor o permitiendo que las sentencias a favor de las mujeres no se ejecuten. Eso sí, el daño ya está hecho y será difícil de reparar.
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