Imagina que tienes un nuevo empleo, con un salario muy atractivo y prestaciones superiores a las establecidas en la ley, pero cuando apenas superas el año te sorprenden con irregularidades en las compras y acciones de la empresa, para favorecer a determinados proveedores. Además, contratas como tu segundo de a bordo, también con un super sueldo, a una persona no calificada para el cargo, sin la formación académica ni técnica que se requiere y, además, no se presenta a laborar. Como cereza en el pastel, no eres capaz de cobrar los servicios que presta la empresa y miles de clientes se quejan del mal servicio.
Si eso ocurriera en la iniciativa privada, ya no tendrías trabajo. Sin embargo, en el servicio público es diferente. Ahí, las revisiones no tienen consecuencias y los patrones pueden hacerse de la vista gorda, como si nada ocurriera. A final de cuentas tu sueldo, el mal servicio que se presta, los salarios de quienes no acuden a trabajar y los contratos irregulares se pagan con “el dinero de las personas”.
La crisis que desde hace varios años vive la Zona Metropolitana de Guadalajara en los servicios de agua potable y alcantarillado es el ejemplo más claro de la permisividad en el servicio público. Lo que ocurre en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) ha atravesado por diferentes escándalos sin que las autoridades que tendrían que reaccionar, el gobierno del estado y los ayuntamientos, muestren la más mínima intención de actuar.
Es cierto que no todo lo malo que ocurre en el Siapa es responsabilidad de su director, Antonio Juárez Trueba, quien sucedió a quien encabezó la peor gestión, hasta el momento, en el organismo, la de Carlos Torres Lugo. El deterioro de la infraestructura y equipamiento hidráulicos de la ciudad, la obesa nómina y el rezago en la cobranza se arrastran de varios años. Pero la actual administración solo ha dado continuidad a ese funcionamiento inadecuado.
El problema del Siapa se acentuó entre finales del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz y la llegada de Enrique Alfaro Ramírez, cuando el Ejecutivo estatal asumió de manera plena el control del organismo. Así, los municipios dejaron de tener injerencia, lo que para los alcaldes ha sido una ventaja, pues tienen una preocupación menos.
Al convertirse en términos prácticos en una dependencia más del gobierno del estado, el Siapa ha sido observado como el área ideal para colocar más nómina. Tal vez esa sea la razón por la que no pueden remover a Juárez Trueba, porque éste solo cumple las órdenes de sus jefes.
Un claro ejemplo de ello es la contratación de Elizabeth Castro como asesora técnica de Juárez Trueba, quien claramente recibió la indicación de darle un salario de más de 73 mil pesos, aunque no cubriera el perfil y no acudiera a trabajar. Un audio difundido de Castro, refiriéndose de una manera grosera y peyorativa del director del Siapa, por no saber encubrirla, deja en claro que él no tuvo nada qué ver.
Eso sí, un poco de dignidad del funcionario sería una buena señal.
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