Poder y silencio

En un mundo justo, la justicia debería ser la misma para todos: sin privilegios por fama, dinero o influencia. Pero cuando un caso implica a alguien con el poder, la balanza suele inclinarse.

Eso quedó en evidencia en el reciente veredicto contra Sean ‘Diddy’ Combs: hallado culpable de transportar personas entre estados para encuentros sexuales bajo la Ley Mann (trata de personas), pero absuelto del cargo de tráfico sexual y crimen organizado. Un veredicto parcial que, aunque significativo, deja intacto lo estructural: el uso del poder y el silencio como armas.

Tras semanas de testimonios contundentes –algunos medios refieren más de 30 testigos, incluyendo a Cassie Ventura y otra denunciante bajo pseudónimo– la justicia reconoció una parte del daño, pero no logró culparlo por los actos más graves, pese a videos, declaraciones y documentos que hablaban de una red de control, violencia, coacción y dinero detrás del abuso.

Este no es un caso aislado. Recordemos a Harvey Weinstein, quien eludió la justicia por décadas hasta que una investigación periodística reactivó el movimiento #MeToo, desencadenando su caída. Casos como los de Roman Polanski, con su permanencia fuera de Estados Unidos, pese a la acusación por violación a una menor, o Kobe Bryant, cuyo caso fue desestimado tras un acuerdo extrajudicial, también muestran cómo el reconocimiento mediático y judicial varía cuando el acusado es poderoso, rico o famoso.

En el caso de Diddy, la absolución parcial no solo disminuye el alcance de la condena: manda un mensaje a las víctimas. Varias mujeres, incluida Cassie Ventura, declararon haber sido forzadas a participar en encuentros extendidos, bajo consumo de drogas, intimidación y abusos. El material de video se presentó en la corte –uno mostraba una agresión física–, pero no bastó para ratificar el patrón de explotación sistemática.

El veredicto se transforma en una deuda histórica de la justicia. El fallo parcial convierte una acusación de abuso en algo casi anecdótico, esporádico, cuando la realidad vivida (y contada) por las víctimas fue de miedo, control y trauma prolongado.

Para las víctimas, la justicia penal es solo una vía. Tras las denuncias, muchas de ellas deben esperar procesos civiles que puedan dar reparación económica, exposición pública y, sobre todo, validación. Las docenas de demandas civiles que enfrenta Combs lo confirman. Pero ni esa vía les garantiza tranquilidad: denuncias, contraargumentos, recursos legales, tiempo, dinero. Y todo ello con el riesgo de repetir el camino del trauma de la agresión.

¿Cómo proteger a quienes denuncian? ¿Cómo desmontar redes de poder en industrias que priorizan el lucro y el prestigio sobre la integridad? El #MeToo prosperó en 2017 impulsado por el caso Weinstein, pero también mostró sus límites: la justicia es más lenta que el escándalo, más endeble frente al dinero y la reputación.

Es necesario estructurar mecanismos efectivos de protección a supervivientes: reparaciones integrales, garantías reales en procesos civiles y penales, recursos psicosociales y políticas que despojen al abuso sexual de privilegios por estatus social, por fama.

El abuso no deja de ser abuso porque no se sancione en su forma más extrema. Tampoco desaparece si quien lo comete es famoso.

Justicia significa asumir deudas.

Y pagarlas.

X: @perlavelasco

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