El Ayuntamiento de Guadalajara informó a los tapatíos que a partir de este 15 de marzo habrá una nueva aplicación para pagar el estacionamiento en la vía pública. Resulta que el gobierno municipal contrató a Blinkay, la empresa que ofreció el cobro más caro en la licitación, 19.50 respecto al 16.24 por ciento ofertado por la que actualmente presta el servicio. Cargo Móvil fue descartada porque presentó un documento en inglés y porque no entregó garantías de responsabilidad en los sistemas de acceso y salida de los estacionamientos Expiatorio y Reforma, también incluidos en el contrato.
Pero algo más que llama la atención es que la nueva empresa, Blinkay, está relacionada con el ex presidente del PAN Jalisco, Eduardo Rosales, quien fundó una de las empresas que conformaron también los inicios de Blinkay. Además, si usted recuerda aquel escándalo del ex gobernador Enrique Alfaro y su inversión en Baja California Sur en Ocean View, resulta que Eduardo Rosales es socio del ex mandatario en ese proyecto.
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Luego que tras la marcha feminista del domingo quedaron al descubierto las supuestas obras en el Parque Rojo, la regidora tapatía Mariana Fernández señaló que son “inexistentes” los avances de la remodelación. En cambio, indicó, hace 315 días el Ayuntamiento de Guadalajara lo cerró dejando sin sustento de mil 200 a mil 500 familias, supuestamente porque empezaría la remodelación.
“Hoy vemos que eso fue mentira. Siguen demostrando su tremenda insensibilidad”, ante lo cual exigió explicación al gobierno municipal. ¿Qué dice la alcaldesa?
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Ya salió el peine… del agua cochina que llega a miles de hogares. El gobernador Pablo Lemus Navarro reveló y acusó que parte de la mala calidad del agua en la urbe tapatía en las últimas semanas se debe a que municipios y empresas realizan descargas ilegales de agua contaminada a las redes del Siapa, y subrayó y aseguró que los responsables serán sancionados. Más tarde el organismo confirmó que detectó en puntos de Tlajomulco descargas irregulares, “sólidos suspendidos y contaminantes”, que ingresan al Canal Las Pintas, que lleva agua a la planta potabilizadora de Miravalle.
Que ya se activó un plan de acción con dependencias estatales y el gobierno de Tlajomulco para identificar el origen de las descargas y proteger la calidad del agua. Y pensar que el Siapa aseguraba que esa agua no era riesgosa para la salud. ¡Mentirota!
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Apenas el 4 de febrero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana informaba que avanzaba el trámite de tres solicitudes de mecanismos de participación ciudadana presentadas: dos referéndum sobre el aumento a la tarifa del transporte público, y un plebiscito sobre el condicionamiento a primero obtener la Tarjeta Única. Las peticiones presentadas por la ciudadanía el 23 y 26 de enero fueron desechadas, informó el organismo electoral.
¿La razón? La semana pasada el gobierno del Estado emitió un nuevo acuerdo que revoca los acuerdos relacionados con las peticiones formuladas por miles de ciudadanos, “lo que modificó la situación jurídica que dio origen a las solicitudes”. La movilización ciudadana echó abajo las medidas, pues. Y del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que iba a determinar si procedían o no el plebiscito y los referéndum, nomás no supimos nada.
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