La agresión contra defensores del medioambiente, no son hechos aislados; es un síntoma alarmante de la vulnerabilidad en la que viven quienes defienden el medio ambiente en México. Detrás de cada activista hay no solo una causa, sino también una vida expuesta frente a intereses económicos, omisiones institucionales y, en muchos casos, la violencia directa.
Erick Saracho, periodista y defensor de la biodiversidad en la Riviera Nayarit, ha dedicado años a proteger ecosistemas amenazados por el crecimiento urbano desmedido. Su trabajo en favor de especies como el jaguar, símbolo de equilibrio ecológico, representa una lucha mucho más amplia: la defensa del territorio frente a modelos de desarrollo que priorizan la ganancia inmediata sobre la sostenibilidad.
Hoy se recupera, pero el mensaje de fondo permanece: ni siquiera la vida cotidiana está a salvo para quienes alzan la voz.
El atentado que sufrió revela una realidad: en México, alzar la voz por la naturaleza puede costar la vida. La impunidad y la falta de mecanismos efectivos de protección generan un entorno donde los defensores ambientales quedan prácticamente indefensos.
Este caso obliga a cuestionar el papel del Estado. No basta con ofrecer recompensas o abrir carpetas de investigación; se requiere una política integral de protección, prevención y reconocimiento del valor social que estos activistas representan. Defender el medio ambiente no debería ser un acto de valentía extrema, sino un derecho garantizado.
La condena del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas subraya la gravedad del caso. No se trata únicamente de una agresión individual, sino de un atentado contra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando se ataca a un periodista, se intenta silenciar una voz; cuando esa voz, además, defiende el medio ambiente, se busca apagar una causa que nos involucra a todos.
En diversas regiones del país, periodistas, activistas y defensores del territorio enfrentan intimidaciones constantes. La impunidad, sumada a la debilidad de los mecanismos de protección, genera un entorno donde la denuncia se convierte en un acto de riesgo. Por ello, las exigencias de una investigación pronta, exhaustiva e imparcial no son un trámite más: son una condición mínima de justicia.
La respuesta institucional no puede limitarse a esclarecer un caso. Se requiere una política integral que garantice medidas de protección efectivas para quienes ejercen el periodismo y la defensa ambiental. También implica reconocer que su labor debe ser considerada una línea prioritaria de investigación cuando son víctimas de violencia.
La sociedad, por su parte, no puede permanecer indiferente. La solidaridad expresada por organizaciones civiles y colectivos es un paso importante, pero insuficiente si no se traduce en una exigencia sostenida de rendición de cuentas.
La sociedad también tiene una responsabilidad. Informarse, exigir transparencia y respaldar estas causas es fundamental para romper el aislamiento en el que muchas veces operan los defensores.
Hoy, la recuperación de Saracho Aguilar es también una oportunidad para reflexionar: ¿qué tan dispuesto está el país a proteger a quienes, en realidad, nos están protegiendo a todos?
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