En tiempos donde la palabra debería ser instrumento de verdad, sorprende la facilidad con la que el gobierno mexicano pretende diluir la realidad a través del discurso.
La negación o minimización de problemáticas como las desapariciones en México, no puede entenderse únicamente como una postura política coyuntural; requiere ser analizada desde la psicología del poder, es decir, desde los mecanismos internos y estructurales que influyen en la conducta de quienes nos gobiernan.
Existe hoy una profunda discrepancia entre la vivencia social del sufrimiento, encarnada en miles de familias, y el discurso oficial de la presidenta Sheibaum, que tiende a relativizar o negar la magnitud del fenómeno de las desapariciones.
Desde la psicología política, los especialistas señalan que esta distorsión puede explicarse a partir de varios factores.
En primer lugar, el poder tiende a generar lo que algunos teóricos llaman “disonancia cognitiva institucional”. Este fenómeno ocurre cuando la realidad contradice el relato que el propio gobierno ha construido sobre sí mismo.
Si una administración se ha definido como portadora de cambio, justicia o transformación, aceptar públicamente una crisis grave puede percibirse como una amenaza a su legitimidad. Por lo tanto, negar o reinterpretar los hechos se convierte en un mecanismo de autoprotección.
En segundo lugar, existe un proceso llamado “encuadre narrativo”. Los gobiernos no sólo administran recursos, sino también significados. Nombrar o no nombrar una situación como “desaparición forzada” implica asumir responsabilidades jurídicas, políticas y éticas de gran alcance. Cambiar el lenguaje no transforma la realidad, pero sí puede modificar la percepción pública y reducir el costo político inmediato. En este sentido, la negación no es ignorancia, sino estrategia.
Otro elemento es la lógica de “control del daño”. En escenarios donde la violencia o la crisis superan la capacidad de respuesta institucional, reconocer plenamente la problemática puede abrir la puerta a presiones nacionales e internacionales, como las provenientes de organismos como la Comité contra la Desaparición Forzada. Ante esto, el poder elige una postura defensiva, priorizando la estabilidad política sobre el reconocimiento del problema.
Sin embargo, estos mecanismos, aunque comprensibles desde la psicología del poder, tienen consecuencias profundas. La negación sostenida erosiona la confianza social, debilita la legitimidad institucional y, sobre todo, invisibiliza el sufrimiento humano. Las desapariciones no son categorías abstractas, sino ausencias concretas que atraviesan la vida cotidiana de miles de familias.
Desde la perspectiva ética, el poder no sólo administra realidades, sino que está llamado a nombrarlas con verdad. La negación puede ofrecer control narrativo, pero a largo plazo profundiza la fractura entre gobierno y sociedad.
La tendencia a negar, minimizar los hechos, ha sido una constante de los distintos gobiernos en nuestro país. Esto significa que se trata de una dinámica inherente al ejercicio del poder donde la rendición de cuentas es limitada o altamente politizada.
No necesitamos una verdad acomodada, ni una verdad parcial, sino aquella que, aun siendo incómoda, abre caminos de justicia y reconciliación. Cuando el discurso oficial se aleja de la experiencia vivida por la ciudadanía, se genera una crisis de credibilidad que ninguna estrategia comunicativa puede sostener por siempre.
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