La reciente visita de Claudia Sheinbaum a Barcelona no fue un simple acto diplomático, sino una decisión cargada de riesgos en un momento delicado para nuestro país.
Hay decisiones que parecen muy firmes, pero en realidad avanzan hacia la confrontación. Esa es la impresión que deja este viaje: un movimiento que puede parecer valiente o ideológico, pero que, visto con serenidad, resulta estratégicamente imprudente. El problema es que la presidenta no viaja sola: arrastra consigo al país entero.
México enfrenta una presión constante por parte de Donald Trump, quien ha insistido en señalar vínculos entre el poder político y el crimen organizado.
Ante ello, se esperaría prudencia, deslindes claros y fortalecimiento institucional. Sin embargo, la respuesta ha sido descalificar al crítico en lugar de responder a los señalamientos de fondo. La falacia ‘ad hominem’ sustituye al debate, y el viaje a España parece más una distracción que una estrategia de Estado.
La reunión con líderes afines convocada por Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno de España, introduce un elemento sensible. No por disentir de Estados Unidos, sino por el delicado momento que vivimos. México está en plena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es la base de su estabilidad económica.
En ese contexto, enviar señales de confrontación, aunque sean simbólicas, hacia la principal potencia mundial no parece una decisión inteligente. Menos cuando los países con los que se busca afinidad difícilmente pueden sustituir la relación económica con Estados Unidos.
El discurso ideológico puede entusiasmar a las bases del partido Morena y sus satélites, pero la realidad impone límites. Ni España ni Brasil ni Colombia pueden reemplazar ese vínculo estratégico.
Pero además es preocupante la contradicción interna. Mientras en el extranjero se enarbolan discursos en defensa de la democracia, en México persiste el debilitamiento de contrapesos institucionales, la cooptación del Poder Judicial, de los organismos electorales o de las instancias de transparencia. Esa disonancia desgasta la credibilidad del mensaje presidencial fuera del país.
Como telón de fondo, permanece el tema más grave: la violencia y la penetración del crimen organizado. Ninguna política exterior, por audaz que parezca, puede sustituir la urgencia de pacificar el país y garantizar el Estado de derecho.
Este viaje, más que fortalecer la posición internacional de México, corre el riesgo de tensar innecesariamente una relación de la que dependen millones de empleos. No es diplomacia estable: es una forma de piromanía diplomática que juega con fuego en un entorno altamente inflamable.
Este viaje no fortalece a México; corre el riesgo de tensar relaciones de las que dependen millones de empleos. No es diplomacia firme, sino una apuesta riesgosa.
Gobernar exige responsabilidad. Si la presidenta desea asumir riesgos personales en su proyecto ideológico, está en su derecho. Pero gobernar implica algo más que convicciones: exige responsabilidad sobre las consecuencias. Y esas consecuencias no recaen en su figura política, sino en más de 130 millones de mexicanos.
México necesita estabilidad y resultados, no gestos ideológicos que el país no puede permitirse.
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