A 34 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, una de las sobrevivientes, Sonia Solórzano, advirtió que las víctimas continúan enfrentando problemas estructurales, especialmente en materia de salud y financiamiento del fideicomiso que sostiene su atención.

Sonia Solórzano, quien resultó con lesiones permanentes tras el siniestro, explicó que, si bien actualmente no hay cirugías ni medicamentos pendientes, la atención médica depende de recursos limitados y no está garantizada. Detalló que el fideicomiso que cubre gastos médicos y apoyos económicos enfrenta una crisis, ya que sus recursos apenas alcanzan para operar hasta septiembre, tras adelantos extraordinarios realizados por autoridades estatales y municipales.

La sobreviviente señaló que actualmente quedan alrededor de 50 lesionados con vida, en su mayoría personas adultas mayores con enfermedades crónicas o discapacidades derivadas de las explosiones. Indicó que el gasto mensual necesario para cubrir atención médica, apoyos y operación del fideicomiso asciende a aproximadamente un millón y medio de pesos, lo que obligó a buscar soluciones de fondo, incluyendo una iniciativa de ley para garantizar recursos permanentes.

Sonia Solórzano destacó que, tras reuniones sostenidas durante meses con autoridades, incluido el gobernador Pablo Lemus, ya se cuenta con un estudio actuarial que permitirá diseñar un esquema financiero más sólido. No obstante, subrayó que la situación sigue siendo crítica y requiere atención urgente.

Al recordar los hechos ocurridos durante las explosiones en el sector Reforma de Guadalajara, Sonia Solórzano relató que viajaba en un autobús que fue lanzado por la onda expansiva. El vehículo volcó tras múltiples explosiones, dejando decenas de personas heridas o atrapadas.

La sobreviviente también denunció las dificultades iniciales para recibir atención médica, así como las secuelas físicas que ha enfrentado durante décadas, incluyendo múltiples cirugías y procesos de rehabilitación. Afirmó que muchas víctimas vieron afectada su calidad de vida de forma permanente.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a comprender la situación de los sobrevivientes, al señalar que no se trata de privilegios, sino de una demanda de justicia tras un evento que marcó sus vidas. Recordó que las víctimas no eligieron vivir la tragedia y que el acceso a atención médica y apoyo económico representa una forma mínima de reparación ante los daños sufridos en por las explosiones de 1992.

GR