Irresponsable. Así fue la declaración de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, en la sesión del pasado 10 de marzo, en la que su intervención desvió la conversación sobre la violencia de género en Chihuahua hacia la discriminación de los hijos de familias que recurren a la reproducción asistida.
En la sesión se votaba si la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género debía o no agregar la atención a la familia, pero la intervención de la ministra cambió por completo la narrativa. Eliminando todas las palabras imprecisas que incluyó, la frase que hizo enfurecer a la sociedad fue: “Salvo que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”.
No hay palabras que rescaten semejante afirmación; la suma de atrocidades en una misma frase es inadmisible, más aún si se trata de alguien cuya voz tiene un peso jurídico en el país. Sin embargo, la ministra Ríos no tiene ninguna autoridad para determinar quién sí y quién no puede formar parte de una familia. Sin mencionar que, independientemente de si alguien es concebido por fecundación natural o in vitro, no podría nacer con un género distinto al masculino o femenino.
Las palabras de la ministra pasaron por encima del artículo 1 y del artículo 4 de la Carta Magna, discriminando a todas las niñas y niños nacidos por reproducción asistida y violentando, además, a todas las mujeres que recurren a este método para formar la familia que anhelan. Tan solo en México, aproximadamente cuatro mil bebés nacen cada año mediante un método de reproducción asistida, ya que cerca de 15 por ciento de las parejas enfrentan esta condición.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad se presenta en una de cada seis personas en el mundo, y lograr un embarazo exitoso para quien vive con esta condición implica un gran desgaste físico, emocional y económico que nadie ve.
Las reacciones no se hicieron esperar en medios de comunicación y redes sociales, pero el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) brilló por su ausencia. ¿Acaso su misión no es proteger el derecho a la igualdad y la no discriminación? A la ministra se le olvidó, y al Conapred también. ¿Dónde dejaron el interés superior de la niñez?
La ministra no dimensionó sus palabras. El comunicado que publicó después no fue más que una muestra de soberbia, al argumentar que su declaración fue sacada de contexto, en lugar de asumir la responsabilidad que le correspondía y ofrecer una disculpa. Ahora se entiende el proceder del expresidente López Obrador, si ella era su asesora jurídica durante su administración.
Más de diez días después de la vorágine, el tema quedó justo en el mismo lugar: discriminación e impunidad; más o menos igual que el tema que la convocó en esa desafortunada sesión: violencia de género e impunidad. Lamentablemente –si la ministra no tiene otros planes– estaremos expuestos a sus perlas de sabiduría por mucho tiempo, pues su gestión en la Suprema Corte terminará en 2036.
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