Alguna vez escribí que llegaría el momento en que la presidenta de México tendría que asumir plenamente las riendas y emprender una necesaria purga de personajes impresentables que hacen daño al país y al proyecto de izquierda que ella encabeza. Ese punto de inflexión parece haber llegado.

Desde hace semanas se percibe la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum de fortalecer su control del gabinete al sumar perfiles de su confianza y desplazar a quienes respondían más a la lógica del lopezobradorismo que a la suya. Ya son diez cambios en secretarías o dependencias como la Secretaría de Hacienda, la Cancillería, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de las Mujeres.

El movimiento más significativo ocurrió en la Fiscalía General de la República, donde colocó a Ernestina Godoy, para trabajar en tándem con Omar García Harfuch. La fórmula recuerda a la coordinación exitosa en la Ciudad de México y apunta al tema más urgente de la administración: la seguridad. Asunto que ya genera tensiones bilaterales.

En paralelo, Sheinbaum ha comenzado a recuperar el control del partido Morena. El relevo de Luisa Alcalde, quien no logró articular la reforma electoral ni consolidar acuerdos con otras fuerzas, fue necesario. Llega una especialista en trabajo territorial: Ariadna Montiel, quien al asumir declaró: “No habrá (lugar para) corruptos”.

Pero el tema que reavivó la discusión pública sobre la necesaria purga en el movimiento morenista, es la solicitud formal por parte del gobierno estadounidense para detener y extraditar al ahora ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre quien diversos medios de comunicación estatales y nacionales han señalado situaciones y vínculos que ameritan ser esclarecidos formalmente por parte de las autoridades.

La presidenta Sheinbaum, en la conferencia matutina del 30 de abril, no cerró la puerta a poder sancionar a este personaje.  “No se va a proteger a nadie”, indicó. Horas después se cerró el cerco político a Rocha Moya, quien tuvo que solicitar licencia. Sin duda el Gobierno Federal estaba consciente de la situación, pues en el gabinete sinaloense han ido colocando piezas clave, como, por ejemplo, un nuevo secretario de seguridad estatal que le responde directamente a García Harfuch. La presidenta sabe que no puede, ni debe poner en riesgo la relación bilateral por este asunto.

El momento, entonces, es idóneo, para el esperado golpe de timón. Demostrar que en la segunda etapa de la Cuarta Transformación no se tolerará la corrupción y se afirme el basamento moral con el que llegaron al poder. Sobre todo, que a partir de ahora se hilvanen diversas acciones de depuración, para separar y sancionar a quienes no han honrado los valores pregonados por un movimiento político al que el pueblo otorgó respaldo con visible mayoría en 2018 y 2024.

Proteger a personajes impresentables abre flancos que pueden ser aprovechados por quienes buscan dinamitar los avances sociales de un proyecto que, aún con sus matices y grandes pendientes ha pugnado por sostener una vocación redistributiva y de fortalecimiento de derechos.

*Profesor e investigador de la UdeG

X: @julio_rios

jl/I