Este mes de enero se cumplieron ocho años de una entrevista que, vista con la distancia del tiempo, resulta más reveladora de lo que parecía entonces. En el programa Forma y fondo, de Radio Metrópoli, Enrique Alfaro Ramírez, en plena antesala de su campaña a la gubernatura, confesó sin rubor alguno que había mandado elaborar una “carpeta grandotota” para contabilizar y clasificar todas las críticas que se habían hecho sobre él cuando fue alcalde de Guadalajara.
No era una metáfora: hablaba del uso de recursos públicos para leer, sistematizar y evaluar menciones periodísticas. “Ustedes hicieron menciones sobre un servidor en 385 programas; de esas, 342 fueron negativas”, dijo aquella mañana, casi al arranque de su candidatura.
Más allá del tono anecdótico, aquella declaración encendía una alerta temprana sobre una práctica peligrosa: la tentación del poder de vigilar, documentar y etiquetar a quienes lo critican, como si el escrutinio público y el ejercicio periodístico fuera algo malo en la democracia, cuando es esencial.
Ocho años después, esa lógica no sólo sigue viva, sino que parece haberse refinado. La reciente difusión de los antecedentes penales del diputado Leonardo Almaguer exhibe el regreso de esos asesores convencidos de que las “carpetotas” son una herramienta legítima para contener críticas y disciplinar opositores.
Una vez que salió publicado en Mural, desde muy temprano el lunes comenzó a circular en los chats de reporteros un archivo de ocho páginas con santo y seña del líder de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso de Jalisco. A lo que se publicó ese día había que sumar cuatro órdenes de arresto, una de ellas cumplimentada y con sentencia. Esa información, en efecto, tenía interés periodístico: permitía confirmar antecedentes penales y, posteriormente, abrir la discusión sobre si hubo o no una falta de veracidad al momento de su registro como candidato.
Hasta ahí, el debate público era legítimo. El problema vino después. El mismo archivo incluía fotografías personales, registros de faltas administrativas cometidas cuando era estudiante, referencias a su militancia en política juvenil y, lo más grave, imágenes y datos de familiares, domicilios particulares y evidencias de seguimiento físico a lo largo de manifestaciones públicas durante años. Eso ya no es información para entender el ejercicio del poder: es material de acoso.
Almaguer lidera una bancada mínima, pero fue elegido por el voto popular y hoy defiende la causa de estar contra el tarifazo, algo que me parece legítimo. Pero lo ocurrido puede interpretarse como el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quien disiente. No es un asunto de simpatías personales. En lo individual, el diputado no es santo de mi devoción, pero tiene el pleno derecho a oponerse, a organizarse y a cuestionar la manera en que gobierna Movimiento Ciudadano.
Lo verdaderamente preocupante es normalizar la persecución política bajo la excusa del escrutinio público. Incluso quienes decidieron hacer política conservan un derecho básico: la privacidad. Hay límites que no deben cruzarse. Familias, domicilios y seguimiento a las rutinas no son insumos para la disputa política.
Lo ocurrido esta semana es grave. Pero más grave aún sería dejarlo pasar. Cuando las carpetotas se normalizan, el disenso deja de ser un derecho y comienza a parecer un riesgo. Y eso, en cualquier democracia, es una pésima señal.
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