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Rezago
Mejor restar
El Congreso de Jalisco fue sede del foro de discusión sobre la regulación de las plataformas digitales de alojamiento temporal, un ejercicio convocado por el diputado Omar Cervantes para construir propuestas que permitan equilibrar el derecho a la vivienda, el desarrollo turístico y la certidumbre jurídica de los anfitriones.
Durante la apertura, Cervantes reconoció que, si las plataformas registradas cumplieran con sus obligaciones fiscales, podrían aportarse hasta 30 millones de pesos adicionales al Estado, recursos que podrían destinarse a infraestructura y servicios turísticos. Subrayó la necesidad de ordenar y registrar los alojamientos, garantizar la seguridad de inquilinos y vecinos.
La abogada Jimena Escalante, señaló que el precio de la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha aumentado 273% desde 2005, correlacionado con el crecimiento de plataformas como Airbnb, donde el 56% de las viviendas en colonias como la Obrera se destinan ya al alojamiento temporal. Propuso incluir en la legislación un nuevo formato de arrendamiento y mecanismos de control de precios.
En contraste, anfitriones como Luis González y Alina Heredia defendieron que las plataformas no son el origen del encarecimiento, sino que el verdadero problema radica en la falta de vivienda social y de planeación urbana. Heredia pidió que la ley reconozca la aportación económica y social de quienes abren sus casas para el turismo, siempre bajo reglas claras.
Otros participantes, como Iliane Chazarreta y José Magaña, exhortaron a cambiar la narrativa que culpabiliza a los anfitriones, recordando que muchos generan empleo local y promueven el turismo responsable.
En tanto, el especialista en vivienda Andrés Ampudia planteó la necesidad de un registro integral de vivienda y modelos innovadores, como subastas de licencias en zonas turísticas, para equilibrar intereses entre habitantes e inversionistas.
Finalmente, Alejandro Valdés, representante de Expedia Group, destacó que las plataformas internacionales están dispuestas a colaborar con las autoridades, pero advirtió que se requiere certidumbre jurídica y claridad en las responsabilidades de cada actor para evitar medidas contraproducentes.
Al cierre, el diputado anunció que los aportes del foro se integrarán en una minuta legislativa, junto con un análisis de 72 disposiciones estatales relacionadas con la vivienda, el turismo y el desarrollo urbano.